El TSJM salva el plan de Carmena para poner coto a los pisos turísticos de Madrid

La mayoría de magistrados del tribunal considera que subyace una «razón imperiosa de interés general» que habilita a la administración local para el «establecimiento de límites al acceso a la actividad económica concernida». No obstante, en todas las resoluciones dos de los ocho magistrados han emitido un voto particular . Consideran que el Plan Especial «no resulta un instrumento urbanístico idóneo para realizar la alteración de usos que contiene», y, por tanto, debería haber sido «declarado nulo de pleno derecho». Los jueces discrepantes, señalan, además, otro error que lo invalidaría por un defecto de forma: no se emitió «un informe o memoria de sostenibilidad económica ».

El Gobierno de Ahora Madrid aprobó dos meses antes de las elecciones este plan, que obliga a todos los apartamentos que se dediquen al alquiler vacacional durante más de 90 días a contar con una licencia de actividad para hospedaje. Para que ésta se conceda, el piso debe tener un acceso independiente desde la calle y un ascensor diferente al que utilizan los residentes. Esta exigencia suponía de facto ilegalizar casi todas las viviendas que se sitúan en otras plantas que no sean la baja.

Las restricciones se aplican en tres anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos que soporta cada barrio. El primero coincide con los límites del distrito de Centro , donde no se dan ya licencias para transformar todo un edificio residencial en hoteles. El segundo, lo forman el resto de distritos de la almendra central: Chamberí y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca . El tercero, une todos estos barrios interiores a la M-30 a Usera, Carabanchel y Latina . En total, incluyen una superficie de 52.768.610 metros cuadrados.

Precisamente, al abarcar un ámbito tan extenso, los magistrados discrepantes consideran que, « en ningún caso, nuestro ordenamiento jurídico urbanístico ampara que un plan de desarrollo sobre una materia concreta y esencial como es un Plan Especial pueda regular en al menos un 8% de la ciudad un nuevo y concreto uso, en este caso el de las viviendas de uso turístico, extendiéndose a los que define como tres anillos del territorio de aquella no previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), entre sí dispares». Estos dos jueces creen que el Gobierno de Carmena se extralimitó al usar esta figura porque «su tramitación es menos compleja» y no necesita que intervengan «otros órganos urbanísticos que sí se exigen legalmente en la tramitación de esos instrumentos de ordenación territorial de jerarquía superior». Creen, por tanto, que esta facultad debería recaer en la Comunidad de Madrid, que es el órgano competente para regular materias como la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Tanto PP como Ciudadanos votaron en contra del Plan Especial de Carmena cuando se elevó al pleno. Pese a ello, han tenido que aplicar este instrumento hasta ahora, ya que el TSJM no se había pronunciado sobre el fondo del asunto hasta el momento y rechazó las medidas cautelares solicitadas . «Este equipo de Gobierno respeta, como no puede ser de otro modo, las decisiones judiciales. Pero que sea legal, no quiere decir que sea eficaz, ni bueno », sostienen a ABC desde el Área de Desarrollo Urbano.

«Con pleno respeto a las decisiones judiciales, que el TSJM entienda que el Plan tiene encaje legal, no significa que el mismo sea bueno, ni dé soluciones óptimas a los madrileños. La Justicia sólo se ocupa de supervisar la posible infracción normativa, no la idoneidad de una decisión política que entendemos muy lesiva para la ciudad », valora en declaraciones a este diario el delegado del ramo, Mariano Fuentes (Cs).

Desde el actual equipo de Gobierno defienden que el plan no es la solución al problema que soportan los vecinos. «Vamos a analizar bien lo que dicen las sentencias y los votos particulares. Y vamos a buscar una solución para mejorar la actual situación, que causa muchos perjuicios a los vecinos», aseguran. En 20 meses las viviendas de uso turístico han pasado de 8.000 a 14.000 . A su juicio, «al prohibirse de facto han pasado a la clandestinidad siendo imposible su control, además de olvidarse de regular la disciplina y las sanciones para hacer cumplir lo que el propio Plan establecía».

Aún así, el Área de Desarrollo Urbano comenzó una campaña de inspecciones que ha continuado durante la pandemia. En total, se han inspeccionado 945 viviendas turísticas y, por primera vez, como adelantó ABC, se ha ordenado el precinto de un edificio destinado casi por completo a los pisos turísticos, el de la calle del Príncipe , 15, en el distrito de Centro. También se ha comenzado a multar a aquellos que incumplen reiteradamente las órdenes de cese. Pero pese a todo, insisten, «no funciona».

« Aunque no lo haya tumbado la justicia, no es bueno ni da respuesta a lo que piden a gritos todos los madrileños . Las viviendas de uso turístico no son solo un problema urbanístico, sino de seguridad, de convivencia vecinal, de ruidos… Por eso la solución tiene que venir del trabajo de todas las Áreas implicadas y también de la Comunidad de Madrid , que tiene las competencias», valoran desde el Ayuntamiento.

Mientras las sentencias adquieren firmeza, en cuestión de días, si ninguno de los afectados recurre, Desarrollo Urbano ya trabaja en la nueva ordenanza de licencias , donde se incluye la regulación de actividades económicas de carácter temporal. Para poder operar deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento mediante una Declaración Responsable que avale la actividad económica. «Ese será el primer paso de sacar a la luz y dar cobertura y seguridad jurídica a todos los implicados, tanto propietarios como vecinos», indican.

El siguiente paso, afirman, será « mejorar el Plan Especial para hacerlo viable, útil y que permita el mantenimiento de la vecindad en los distritos más tensionados por esta actividad». También subrayan que el nuevo Plan de Alquiler Municipal pretende impulsar a los propietarios de pisos de alquiler vacacional para que arrenden los inmuebles a inquilinos de larga estancia.