Objetivo, salvar el centro de los pisos túristicos ilegales: Almeida ordena el cese de 358

En los cuatros primeros meses de mandato municipal, entre junio y octubre, la Administración ha inspeccionado 365 edificios, que albergan un total de 6.363 viviendas, de las que 1.202 están destinadas a uso turístico. De los bloques marcados en rojo, 45 presentan más del 50 por ciento de su superficie dedicada al hospedaje. Fuentes del área de Desarrollo Urbano, que dirige el concejal Mariano Fuentes (Cs), explican que se está estudiando la viabilidad jurídica para tener la opción de imponer sanciones coercitivas -amparados en la Ley de Capitalidad- a los propietarios que incumplan reiteradamente las órdenes de cese dictadas por el Ayuntamiento.

«Estas multas se aplicarían de forma gradual y, en cuanto los técnicos vean su viabilidad, empezaríamos a imponerlas», añaden las mismas fuentes, con el objetivo de evitar futuros reveses judiciales como el ocurrido con los 39 pisos turísticos ubicados en el inmueble de la calle del Príncipe, 15 (Centro). Este caso, del que ha informado periódicamente este diario, ha supuesto un antes y un después a la hora de poner sobre la mesa una problemática extendida ante la inacción del Gobierno de Manuela Carmena. Después de que el actual Consistorio dictase en octubre orden de precinto para todos los apartamentos, que continuaban abiertos pese a tener en vigor una resolución de cese y clausura -fechada en julio de 2018-, un juez decretó la suspensión cautelarísima al considerar que la empresa recurrente ya no ostentaba la posesión de los pisos, habiendo cesado en su explotación, y que los mismos habían sido dados de baja como tales ante el organismo autonómico competente.

El pasado miércoles, representantes de la coordinadora vecinal de Madrid Centro, mantuvieron una reunión con el delegado de Urbanismo, en la que expusieron más de una veintena de controversias derivadas de la actividad turística en los edificios. Señalan, entre otras cuestiones, la inseguridad y el desgaste de las zonas comunes, la falta de control en el interior de estas viviendas, el incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, los privilegios fiscales de los arrendadores o la grave indefensión a la que están sometidos los residentes. «Queremos transmitir que el problema va mucho más allá del ruido y las fiestas y que todas estas circunstancias recopiladas hacen incompatible esta actividad con el uso residencial», explica la portavoz Leticia García.

Los vecinos volvieron a pedir el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que establece el uso del hospedaje en un piso solo cuando este tenga un acceso independiente del resto de viviendas. «Más del 95 por ciento de las viviendas actualmente operativas son ilegales», recalca García, que señala también a la Comunidad de Madrid como parte responsable de la situación: «La Consejería de Turismo tiene en su poder 15.000 declaraciones responsables que son un fraude». Alude al requisito que deben cumplir los propietarios para presentar este compromiso, donde se señala la necesidad de contar «con los preceptivos permisos y licencias exigibles por otras Administraciones y Organismos Públicos».

Mientras los inspectores municipales continúan su labor, los vecinos de Centro mantienen un seguimiento activo de las quejas ya interpuestas y animan al resto de afectados a denunciar nuevos casos.