La moratoria de multas durará hasta septiembre y no se activarán las APR

Desde el 1 de julio, los vehículos que no sean de residentes podrán atravesar cualquier calle del perímetro continuo de Madrid Central –que casi coincide con los límites del distrito de Centro– sin temor a que reciba una multa en su domicilio. También estará permitido estacionar en la zona SER siempre que se pague el parquímetro.

Desde esta fecha, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), va a iniciar una ronda de contactos con todos los afectados por este gran área restringida (residentes, comerciantes y trabajadores, fundamentalmente) para mejorar un sistema que se activó aceleradamente para tenerlo confeccionado antes de llegar a las elecciones del pasado 26 de mayo. Pero a Madrid Central pronto se le han abierto las costuras mostrando los fallos que se hilvanaron con el hilo de la urgencia. Ahora toca remendar con una auditoría del sistema de control de acceso.

A principios de junio, este diario adelantó que el Gobierno de Manuela Carmena se veía obligado a anular un total de 6.602 multas de las 8.072 interpuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo, cuando se activó la fase sancionadora, hasta el 16 de abril. Un error en el formato del horario hacía que no se pudiera diferenciar entre la franja de antes y después del mediodía. También se produjeron fallos en la asignación horaria cuando se cambió la hora en la madrugada del 31 de marzo. Debido a la inseguridad jurídica que generaban estos problemas, el Ayuntamiento dio la orden de oficio de invalidar los expedientes.

Pero, además, como también contó ABC , para que las multas que se emitieran no fueran muy numerosas , el equipo que lideraba Carmena dio la orden arbitraria a la UTE Madrid Sur Movilidad (MSM), que gestiona el área restringida y su tecnología, de que sólo se sancionara los vehículos que no pueden tener distintivo ambiental; es decir, aquellos que funcionan con motor diésel anteriores al año 2006 o gasolina previos al 2000. El resto que rebasara el área infringiendo la ordenanza de Movilidad, es decir, aquellos vehículos con pegatina B y C que no fueran propiedad o invitados de residentes de la zona; pero que también tendrían que ser sancionados si no estacionan en un aparcamiento público, se libraban de apoquinar la sanción pertinente. En marzo, Madrid Central registró 4.159 multas, mientras que en las APR se contabilizaron en marzo del año pasado una media completamente distinta, alcanzando las 1.600 multas al día.

El PP y Cs hablan el mismo idioma respecto al futuro de Madrid Central, sólo que con distintas palabras. Mientras Almeida se ha referido a la «reversión» de la medida, Begoña Villacís ha centrado su exposición en «estudiar» el sistema. Ambos proponían incluso antes de campaña abrir grandes ejes, como la Gran Vía. El pasado viernes rubricaron un acuerdo de Gobierno donde hablaban de reconvertir Madrid Central «bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial, aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad» con el objetivo de simplificar su complejidad. Vox aboga por eliminarlo por completo .

Entre las actuaciones que llevarán a cabo tras la moratoria, la fase de consulta y la auditoría se encuentra la implementación de los paneles de información para detallar las plazas libres que hay en los aparcamientos públicos y el inicio de una campaña de información para promocionar el tejido comercial y de servicios.

Tanto PP como Cs tienen claro que Madrid Central «no ha acabado con la contaminación» y la política que se lleve a cabo debe de tener miras más amplias. Almeida se ha comprometido a construir 10.000 plazas para aparcamientos disuasorios (un debe sin ejecutar de Sabanés); a la concesión de ayudas para eliminar las calderas de gasóil; a renovar la flota de la EMT (parte de herencia del equipo saliente) y promover la movilidad eléctrica.