El juez del caso mascarillas retira el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño

Luceño llegó a los juzgados de Plaza de Castilla con casi tres horas de antelación, donde estaba citado a las 12.30 horas, igual que Medina que hizo su aparición más cerca de la hora señalada. Según informaron fuentes jurídicas, ambos tomaron asiento frente a la puerta del juzgado sin apenas dirigirse la palabra . Terminadas las declaraciones sí se han saludado .

El primero en declarar ha sido Medina en una comparecencia de poco más de media hora en la que solo ha querido responder a las preguntas del juez. La misma estrategia ha seguido Luceño que ha contestado durante algo más de 25 minuto.

El caso se inicia en noviembre de 2020, después de que el Sepblac (la Unidad de Inteligencia Financiera de España y autoridad supervisora en cuestiones de prevención de blanqueo de capitales) emitiese una alerta a la Fiscalía Anticorrupción por el dinero de origen malayo que los comisionistas recibieron en sus cuentas bancarias. En total, seis millones de dólares por vender mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid inflando el precio hasta en un 148%: cinco de esos millones fueron para Luceño y un millón para Medina.

Los comisionistas y el ayuntamiento cerraron el acuerdo el 20 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, a través de la empresa municipal Servicios Funerarios y Cementerios por doce millones de dólares. Luceño, que habría llevado la voz cantante en las negociaciones, se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas Chinas a su disposición y como agente exclusivo de la empresa malaya [Leno] a través de la cual se realiza la importación».

Cuando el material sanitario llegó a la capital, el consistorio pidió explicaciones porque los guantes no tenían la calidad que habían prometido y gran parte de los test estaban defectuosos. Tuvieron que devolver otros cuatro millones que se iban a llevar de comisión.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que actuaron «de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico», y añade sobre Luceño: «Asimismo, dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, el mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista».