Cerco a los pisos turísticos en Madrid: solo en la planta baja y primera, pero sin límite de días de alquiler

El Consistorio ha optado por restringir los pisos turísticos a las plantas bajas y primera, siempre que no se encuentren encima de una vivienda. Para ello, el Gobierno bicéfalo de PP y Cs ha adaptado el Plan Especial de Hospedaje (PEH) de Carmena, en vigor desde 2019 y más restrictivo, modificando varios puntos, como los anillos que dividían la capital en tres zonas, la obligatoriedad de contar con un acceso independiente y la fijación de un plazo de 90 días de alquiler para exigir una licencia.

«Eso condenó al 98% de los pisos a la ilegalidad, porque es un requisito que no podían cumplir y, por tanto, tampoco podían pedir autorización porque no se le podía conceder», explican a ABC fuentes municipales. Entre enero y julio, 22 funcionarios han inspeccionado 5.253 viviendas y abierto un expediente a 425 de ellas. Las nuevas directrices, más laxas y «más claras», pretenden «hacer aflorar esa actividad, ahora imposible de controlar», zanjan las mismas fuentes.

Los pisos turísticos apenas constituyen uno de los puntos que corrige el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado ayer en Junta de Gobierno. Un cambio a través del cual el Ayuntamiento actualiza sus normas urbanísticas escritas en 1997, un plan que «ya nació prácticamente caduco», según dijo ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. «Llevamos años con este plan, como si la ciudad no hubiera cambiado en 24 años: vivimos de forma distinta, nuestras necesidades son distintas», añadió. Tras año y medio de trabajo, el Área de Desarrollo Urbano ha revisado y actualizado el plan, que arranca ahora una larga tramitación para su aprobación definitiva.

A partir del 16 de agosto –cuando la modificación se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM), y hasta que el avance reciba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, el último paso para su entrada en vigor en 2022–, no se concederán más licencias a los pisos turísticos. Tampoco a las cocinas fantasma, otro foco de las quejas vecinales en los últimos meses. Como ya informó ABC, se pondrá coto a estos negocios que se han disparado a raíz del auge del ‘delivery’ y los restaurantes virtuales y han plagado los bajos y patios de zonas residenciales. Su superficie máxima será de 350 metros cuadrados en locales de uso terciario, donde la carga y descarga y el ajetreo de los repartidores quedará confinado en el interior. El objetivo es incentivar su mudanza a los polígonos industriales y expulsarlas del centro de la ciudad.

El plan, abierto ahora a un periodo de alegaciones de tres meses, aspira a convertir Madrid en la meca de la calidad de vida y la sostenibilidad , al menos, en materia urbanística. «Es absolutamente transformador», señaló la vicealcaldesa, «porque entendemos que nos tenemos que dirigir a una sociedad mucho más flexible, que reconozca todas las formas de vida». Los conceptos de moda del ‘cohousing’, viviendas que comparten zonas comunes, y el ‘coliving’, un único alojamiento compartido, están recogidos en la modificación, respectivamente, como «vivienda colectiva», que pasa de 30 a 40 metros cuadrados, y «residencia comunitaria».

El ‘factor verde’ es otra de las novedades. «Todo aquello que nos ayuda a mejorar el medio ambiente para los vecinos va a ser incentivado», informó Villacís. Cuanto más sostenible sea un edificio, más superficie podrá ocupar. Todos los elementos de mejora de la eficiencia energética, los cuartos para guardar vehículos de movilidad ecológica como las bicicletas, los espacios ajardinados, las fachadas y cubiertas que contribuyen al confort térmico y bioclimático no consumirán metros cuadrados y las viviendas podrán absorberlos.

Las lecciones aprendidas del confinamiento también se introducen en las nuevas normas urbanísticas. Como declaró la vicealcaldesa, «la pandemia nos ha enseñado algunas cosas: los hogares tienen que ser mejores». Los balcones, las terrazas, los trasteros en planta baja, las cubiertas, las instalaciones en plantas de piso y las escaleras adicionales de protección contra incendios no computarán en edificabilidad. Esta superficie extra abre la puerta a la revolución de los futuros proyectos urbanísticos y a las rehabilitaciones antes vetadas porque los inmuebles habían agotado su edificabilidad.

Para acompañar la evolución de la ciudad, el Ayuntamiento propone una hibridación de los usos, es decir, las distintas tipologías serán intercambiables entre sí en función de las necesidades. En la práctica, un inmueble residencial podrá ceder sus espacios para usos dotacionales, por ejemplo, y contar con una guardería pública a sus pies, mientras que una nave industrial podrá adaptarse para el alojamiento. Por otro lado, las administraciones podrán construir viviendas sociales en suelos dotacionales.

Al margen de estas cuestiones, la modificación es el fruto de una minuciosa labor de revisión y actualización del plan diseñado hace más de dos décadas. Se han eliminado trámites innecesarios, incorporado 137 acuerdos de interpretación y sustituido informes que provocaban duplicidades. A partir del 16 de agosto y durante tres meses –el proceso de información pública–, será el turno de la sociedad civil de presentar sus propuestas e imaginar las normas urbanísticas del mañana.