Denuncia contra empresas de pisos turísticos en pleno auge de las fiestas ilegales

En la zona, que acumula una tasa de incidencia 1.096,69 casos, aflora la sensación de impotencia y desazón por el incívico escenario al que se tienen que enfrentar. Por este motivo, la Asociación de Vecinos de Sol y el barrio de Las Letras presentará esta semana una denuncia contra los titulares y empresas gestoras de las viviendas. «Se denunciará al titular de cada piso y a las empresas que los gestionan por incitar a que se realice un daño contra la salud pública y saltarse la normativa », explica Víctor Rey, portavoz de la asociación.

En total, gracias a los avisos que les hacen llegar los demás residentes, tienen fichados a 27 pisos turísticos , que van desde la calle de Preciados hasta la Puerta del Sol, Matute, Lope de Vega, Arrieta, Atocha y Prado. Según su relato, muchas de las viviendas tienen, además, orden de cierre por parte de la Agencia de Actividades o un expediente abierto, pero continúan comercializando con el alquiler por días. «Es un tema que no admite más tomaduras de pelo, porque juegan con la salud de todos. Nos jugamos vidas, salud y economía para que unos pocos estén de fiesta», afirma.

Las denuncias estarán basadas en las declaraciones de vecinos, enlaces a las páginas web de las empresas que anuncian las viviendas, además de los testimonios, fotos y vídeos que prueban que las fiestas se llevan a cabo en la actualidad. «Vamos a ir tanto por la vía civil para pedir responsabilidades como por la vía penal , porque con el estado de emergencia estos actos van contra la norma», asegura el portavoz. Además, el viernes se reunirán con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco , para tratar la problemática e intentar buscar una solución.

La mayoría de los propietarios, tal y como consta en el registro, son extranjeros que no viven en España y que han cedido la gestión a estas empresas, como es el caso de HomeAway (ahora Vrbo) y Home Club, dos de las que serán denunciadas. Ambas ofrecen apartamentos de lujo en la zona, con alquileres por días o media y larga estancia. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Home Club, sin éxito.

Tan solo en el último fin de semana, la Policía Municipal intervino en 395 fiestas en domicilios y locales: 80 se desarrollaron la noche del viernes, 166 el sábado y 149 el domingo. Una de ellas se efectuó en una vivida turística, sita en la Gran Vía, donde había más de 30 personas. En otro local del distrito de Chamberí, los agentes se encontraron a 75 personas que tenían que pagar 20 euros por bizum para poder entrar y 10 para consumir en el interior. Había también, numerosa cantidad de sustancias estupefacientes .

El fin de semana anterior, los agentes aguaron la fiesta a 63 personas que estaban en dos pisos turísticos del centro . La Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios de la Policía Municipal ha abierto una investigación a los propietarios de inmuebles y tratan de recabar información de la plataforma que posibilita los alquileres.

Pero la tarea no es sencilla en caso de que sean turistas . Las propuestas de sanción que realiza la Policía no llegan en muchos casos porque no tienen un domicilio en España y no hay un procedimiento europeo para obligar al pago de las multas por saltarse la normativa Covid, algo que sí sucede con las infracciones de tráfico. Estas fiestas hay que sumarlas a las 5.250 intervenidas desde que se puso en marcha el actual estado de alarma , el 25 de octubre, según los datos del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

«El problema de las fiestas en pisos turísticos existe, pero no se puede decir que todo el sector las realice», expone, por su parte, Chema González, presidente de la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico (Asotur). Él defiende que ponen condiciones claras y reglas para los inquilinos, como dispositivos que controlan los decibelios y la hora a la que se produce el ruido. «Si se saltan la normativa, los llamamos y si persiste el ruido avisamos a la Policía para que directamente los echen», afirma. También les retienen la fianza y penalizan en caso de que no cumplan la ley, extremo válido también en las normas contra la pandemia.