Batería de mociones en municipios del sur para abordar el tráfico

Móstoles (PSOE) –205.614 habitantes– ha aprobado a finales de octubre una moción –enmienda de otra que planteó el PP en septiembre y no fue admitida– que insta a la Comunidad de Madrid a que cree una mesa de trabajo intermunicipal con presencia del Ayuntamiento de Madrid y los de los municipios del sur y el oeste, para «desarrollar las medidas alternativas a implantar» por la instalación de semáforos en la A-5 a la entrada a la capital.

La concejal popular en esta localidad Mercedes Parrilla pide a Carmena que contemple alternativas y le evite la «grave discriminación y los perjuicios a los que se somete a los vecinos de Móstoles y el resto de poblaciones de la zona Sur y Oeste de Madrid» porque «incluir semáforos tanto en la entrada como a la salida de la M-30 incrementará las colas en un 350 por ciento, lo que se traduce en 2.500 vehículos parados y según los estudios realizados», afirmó.

En Fuenlabrada (PSOE) –194.171 habitantes–, el pleno aprobó también a propuesta de Ciudadanos que se pare este plan hasta que se coordine un plan de movilidad «consensuado con el Estado y la Comunidad de Madrid». La formación naranja ha iniciado una cruzada contra esta medida, que podría afectar, según sus datos, «potencialmente a 700.000 personas».

Ayer mismo, el alcalde de Alcorcón –167.354 habitantes–, el popular David Pérez , presentaba una proposición, que salió adelante, para que el Ayuntamiento de Madrid «suspenda, revise y consensúe las medidas de restricción al tráfico anunciadas». En la misma, recordaba que la movilidad es «una realidad muy compleja» que exige «una visión integral».

Pero frente a ello, opina el regidor que la política del Gobierno municipal madrileño «responde a un plan deliberado para reducir el espacio destinado a la circulación de los vehículos», en una clara «manifestación de despotismo e intervencionismo» . Teme que «esta extremista política de movilidad» tenga «graves consecuencias sobre el comercio madrileño y destruir puestos de trabajo». David Pérez interpuso también una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en octubre de 2016, por entender que podría vulnerar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos.

La de Alcorcón es la primera de una batería de mociones que va a presentar el PP de Madrid en todos los ayuntamientos donde tiene representación, reprobando la política de movilidad de Manuela Carmena. Entre sus argumentos, aseguran que la política de movilidad del Ayuntamiento madrileño «perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo».

El objetivo principal es frenar el proyecto Madrid Central: pedirán la suspensión de su entrada en vigor también en la Asamblea, a través de una proposición no de ley (PNL). Y Ciudadanos va a plantear una iniciativa similar, con el mismo fin.