La doble derrota del Gobierno aboca a una legislatura agónica

El Ejecutivo trataba de relativizar el asegurado fracaso de su nuevo intento de establecer un gravamen a las empresas energéticas, una promesa a sus socios de izquierdas que tenía más de simbolismo, del ahora llamado 'relato', que de realidad, pero el portazo al decreto ómnibus, que contenía un batiburrillo de medidas dispares, ha sido un revés imposible de camuflar. Además de Bolaños, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Óscar Puente han cargado las tintas contra el PP por tumbar los aspectos sociales que contenía. Pero al Gobierno le habría bastado con el sí de Junts para sacar adelante su iniciativa y ni las negociaciones hasta última hora lo han salvado. Para hacerse una idea del golpe, este miércoles el Congreso ha derogado dos decretos; en toda la legislatura pasada, uno.

Puigdemont exige que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, un trance que si no supera, lo obligaría a dimitir, y el viernes suspendió las conversaciones sectoriales con el PSOE hasta que se celebre una reunión de urgencia en Suiza para reconducir sus relaciones. Junts no se da por satisfecho –aún está pendiente que se traspase a la Generalitat la gestión de la inmigración, una promesa que valió su abstención en otros tres decretos hace un año– y ha mostrado sus garras. «Saben que a nosotros no nos tiemblan las piernas», ha dicho Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso.

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El tercer decreto en cuestión, la reforma pactada con la patronal y los sindicatos para bonificar a las personas que alarguen su vida laboral y retrasen su jubilación, sí ha recibido el respaldo de la Cámara Baja, pero, paradójicamente, con el rechazo de la mayoría de socios de Sánchez y el apoyo del PP, que se había comprometido a respetar el acuerdo con los agentes sociales. Vox se ha posicionado en contra de los tres paquetes de medidas urgentes. Desde principios de semana instaba al PP a hacer lo propio, pero los populares han mantenido la incógnita hasta que Junts ha desvelado sus cartas.

La derogación del decreto ómnibus, en el que el Gobierno mezclaba medidas sociales con cesiones en clave nacionalista, implica que se reviertan la revalorización de las pensiones del 2,8 por ciento, la prórroga de las bonificaciones al transporte público, la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables y el permiso para que la Generalitat Valenciana aumente su endeudamiento para afrontar la reconstrucción tras la dana. Había también un polémico traspaso al PNV, al que se le entregaba la titularidad de un palacete en el centro de París que es ahora mismo sede del Instituto Cervantes. PP y Vox han protestado airadamente contra ello, pero fuentes de la formación vasca aseguran que, aunque el decreto se haya derogado, eso no revierte la entrega del edificio, que según estas fuentes ya se había producido.

Además de Junts, la sensación que trasladan varios socios del Gobierno es de desconfianza y pesimismo de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Algo que, aunque no obligue a convocar elecciones, sí deja la legislatura en un limbo. Eso interpreta Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que ha presagiado en RNE que Sánchez será «incapaz» de aprobar unas cuentas públicas y de mantenerse en la Moncloa hasta 2027, informa Patricia Romero.

El PP ha registrado una proposición de ley para recuperar la decaída revalorización de las pensiones, así lo ha anunciado Juan Bravo, y Nogueras ha retado al Gobierno a presentar otro decreto que reúna solo eso y la bonificación al transporte público. Sin añadidos. Fuentes del Ejecutivo, por lo pronto, rechazan la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para abordar estas dos medidas, que sí cuentan con el apoyo del Congreso. Un dirigente socialista apunta que el decreto ómnibus, al contrario de lo asegurado por Junts, estaba «negociado» y que los de Puigdemont necesitan exteriorizar su «descontento» frente a una ERC a la que acusan de «ingenua», informa Mariano Alonso.