La Guardia Civil cifra en 2,8 millones los daños por Tsunami Democràtic

Eso fue Tsunami Democràtic, una supuesta ola espontánea de movilización social contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes del procés que, según el informe de conclusiones de la investigación que presentó ayer la Guardia Civil en la Audiencia Nacional, en realidad escondía «una estructura de apoyo» diseñada durante más de un año y articulada en áreas de trabajo «conformando así una organización» con tareas definidas.

El vehículo, una app. El resultado: acciones violentas «planeadas premeditadamente y con una clara intencionalidad: provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico y, por ende, desestabilizar la economía española».

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La Guardia Civil ha tasado los daños entre contenedores quemados y demás mobiliario urbano convertido en trinchera o vuelos perdidos. Son más de 2,8 millones de euros sólo en tres acciones de 2019: el bloqueo del aeropuerto del Prat el 14 de octubre, cuando se dio a conocer la sentencia del procés (2.195.595 de euros), el corte de la autopista AP-7 (566.115,29 euros) y los disturbios en las inmediaciones del Camp Nou, cuando se disputaba el clásico que enfrentó al Barça y Madrid en diciembre de ese año (85.304,22 euros). Según los investigadores, desde Tsunami buscaban aislar a España del resto de Europa así como «internacionalizar el conflicto proyectando una imagen antidemocrática» del país. Y tenían respaldo para ello.

La plataforma dio la cara por primera vez en redes sociales en septiembre de 2019 y «en poco tiempo recibió el apoyo directo de diversas y destacadas figuras» del independentismo. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, dice el informe, «la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones».

A Junqueras no hay muchas más referencias en esta investigación, pero sí consta que varios de los suyos estaban vinculados a Tsunami. El principal, Xavier Vendrell, militante del partido y al que la Guardia Civil sitúa con poder de decisión junto al empresario Oriol Soler. Pero también la secretaria general de ERC y prófuga, Marta Rovira. Las pesquisas venían salpicándola.

El último informe le atribuye directamente «cometidos de coordinación en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político». Habría participado incluso en tareas de reclutamiento y mediado en «abuso de poder» para que ERC no se posicionase contra Tsunami. Todo, tras el pseudónimo de Matagalls en unas aplicaciones de chat encriptados, según la Guardia Civil.

Hay otro perfil más de relevancia para los de Junqueras, Rubén Wagensberg, actualmente diputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC, a quien la Guardia Civil vincula con el pseudónimo de «Konan». Afirman que destaca por «su implicación y preocupación en el éxito de las acciones» y ocupa un puesto de «significativa responsabilidad en el ámbito de la comunicación corporativa». «Impartía directrices a la masa social y tenían capacidad de decisión en aspectos como la finalización de las acciones», dicen los agentes, como en el asedio al Prat y el intento en Barajas.

En cuanto a Puigdemont, sus vínculos van más allá, sobre todo porque buena parte de las conversaciones incautadas salieron del móvil de su mano derecha, Josep Lluis Alay, a quien le piden que intermedie con él para cuestiones sobre movilizaciones o una reunión con un italiano que quiere aportar fondos.

La Guardia Civil atribuye al 'president' el pseudónimo de 'K Mes Nou' en un chat con el empresario Josep Capmajó, también implicado, que le avisa de que están «a un paso de perder el control absoluto del territorio». «O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas», advierte. La respuesta atribuida a Puigdemont: «El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos».

Volviendo a la financiación, el informe de la Guardia Civil subraya que no les faltaban medios. Al también empresario residente en Bélgica Jaume Cabani se le atribuye una cuenta bancaria en Suiza donde recibir fondos como la donación de ese italiano, de nombre Nicola Foglia y en tiempos, vicedirector del malogrado banco suizo BSI, que ofrecía 6.000 francos suizos (5.000 de su parte y 1.000 de parte de su hermano) para la manutención de los manifestantes apostados en El Prat.

También su transformación en criptomonedas. Se suman las donaciones particulares: 312.500 euros sólo en un día. «Buah. Si hacemos otro twit para pasta llegaremos a 500 K», dice el empresario Oriol Soler a otro de los implicados en uno de los chats.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha de decidir qué hacer. Desde que se abrió la causa en el año 2019, la investigación sobre los hechos en torno a Tsunami Democrátic ha sido eminentemente policial y se ha desarrollado bajo secreto.

De hecho, en la práctica no hay imputados, a excepción de uno cuya situación procesal viajó a esta causa desde un juzgado de Barcelona junto con los volcados del teléfono móvil que le relacionaban con la trama. Es casi una situación circunstancial porque no se le ha tomado declaración en el juzgado, como tampoco al resto de las nueve personas que la Guardia Civil relaciona con la organización de las protestas violentas.

En este contexto, el último informe, que detalla la implicación de cada individuo y cuantifica los daños, es un punto de inflexión que abre paso ya a la instrucción judicial pura y dura, pero no está claro el camino que va a seguir, al margen del impacto que a corto plazo pueda tener la previsible aprobación de una ley de amnistía.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que del informe de la Guardia Civil y todo el trabajo investigador previo se desprenden indicios sobrados de una organización criminal de índole terrorista, tanto por la estructura de Tsunami Democràtic como por el hecho de que a la postre, buscaban subvertir desde las calles la legalidad establecida.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía igualmente sondeadas no ven mimbres para ello. Al inicio, las diligencias lo eran por delitos de sedición, especialmente por el asedio a aeropuerto de El Prat y el conato en el de Barajas, así como los cortes de carreteras.

La cuestión es que suprimido por el Gobierno el delito de sedición del Código Penal, las conductas se quedarían en la calificación de desórdenes públicos. Ya no sería competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Cataluña, quizá el Tribunal Superior de Justicia si se imputa finalmente al diputado de ERC Rubén Wagensberg. Por ahora, las opciones están abiertas.