Grinda perdió la escolta y un destino en Bolivia tras denunciar su soborno

Además, el periodista que hizo de intermediario, Pere Rusiñol, le comentó que «él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire», lo que sin duda, a la vista de los acontecimientos conocidos con posterioridad, es más que llamativo y señala a la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Cuatro meses después del episodio, los hechos parece que van en la dirección apuntada en el intento de soborno. Grinda se ha quedado sin la plaza que había pedido para un proyecto en Bolivia -la solicitó después de ese 27 de febrero y su candidatura fue avalada por la Fiscalía General del Estado-, y se ha recrudecido, si cabe con más fuerza, la campaña contra el fiscal, en forma de difusión de distintos audios.

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No sólo eso; en las últimas semanas José Grinda ha visto como el Ministerio del Interior le retiraba la escolta que le había asignado por estar, junto a su familia, amenazado de muerte por un procesado que está acusado de pertenecer a la mafia rusa, Ilia Traber, un individuo además muy próximo al presidente Vladimir Putin para el que pide cinco años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de dinero. El momento en que se produjo la decisión tampoco es neutro, pues fue sólo unos días después de que el fiscal fuera absuelto de un juicio celebrado en San Petesburgo en el que Traber ejercía la acusación en defensa de su derecho al honor, dignidad y reputación profesional, a su juicio atacadas por Grinda. La sentencia del tribunal ruso, a la que ha tenido acceso ABC, tiene fecha de 18 de marzo.

Hay que recordar que en el documento que le dieron a leer, en una cita con el intermediario en la terraza del Mercado Barceló de Madrid, y que estaba escrito en ordenador, se decía que el fiscal «había pedido protección (si no recuerdo mal estaba en mayúsculas el término 'protección')», según recoge la denuncia de Grinda.

Las fuentes consultadas por ABC recuerdan que en ese folio y medio en el que se le planteaba el soborno, que el periodista le mostró en una terraza de un mercado de Madrid, se aseguraba que «este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado y como conclusión decía que este acuerdo lo avalaba una alta instancia del Estado».

No se puede saber, obviamente, qué hubiera sucedido si el fiscal Grinda hubiese accedido al soborno, pues no dio lugar a ello; pero no cabe duda de que, por las razones que sean, desde que tomó esa decisión y denunció los hechos ha resultado perjudicado en tres asuntos distintos. En dos de ellos, además, el Gobierno tenía capacidad de maniobra directa.

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En cuanto al puesto en Bolivia la Fiscalía General de Estado le seleccionó como candidato idóneo -el trabajo en ese país era poner en marcha una escuela de jueces y fiscales en el marco de un programa de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP)-, pero ese organismo interministerial optó por otro candidato, sin duda también muy preparado, magistrado.

En cuanto a la campaña de acoso contra el fiscal, que los autores del soborno prometían acabar si Grinda se avenía a razones, es evidente que se ha recrudecido en los últimos meses, en los que incluso su nombre sale a la palestra una y otra vez en la comisión de investigación del caso Cataluña en el Congreso, en donde parlamentarios catalanes le hacen gravísimas imputaciones sin prueba alguna sin que nadie salga en su defensa. Incluso, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez dio pábulo en sus comparecencias a esas acusaciones falsas.

A ello se unen las grabaciones conocidas de la reunión de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y un empresario imputado en el fraude de los hidrocarburos, que llevaron a que el pasado viernes el Consejo Fiscal amparara por unanimidad a Grinda. Por cierto, Pérez Dolset está investigado por cinco delitos en uno de los procedimientos que lleva este fiscal y se exigía que lo archivase en el intento de soborno.

Más llamativo aún es el hecho de que a José Grinda se le haya retirado la escolta de la noche a la mañana -se ha sustituido por contravigilancias, señalan fuentes de Interior-, cuando es evidente, porque así lo ha declarado públicamente, que Ilia Traber quiere acabar con él, al menos en lo profesional: «Le destruiré por denuncia falsa hasta que acabe en la cárcel. Es un hombre sucio. Si logro hundir a ese fiscal canalla espero traer algún beneficio a mi país, porque es un caso demasiado escandaloso».

No parece que la pérdida del juicio en San Petesburgo ya mencionada vaya a aplacar las intenciones de Traber. Pero es que además, tal como adelantó ABC en abril pasado, un agente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil escribió en marzo de 2018 un informe en el que se afirmaba, de forma textual: «El colaborador, al proporcionar la información de que Traber quiere matar al fiscal (José Grinda) pone en riesgo su vida y se condena de por vida a no poder visitar Rusia nunca más. Por tales motivos sería conveniente tener en consideración la información».

No solo eso; el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, también ha firmado un informe en el que asegura tener información del Centro Nacional de Inteligencia que corrobora que Traber quiere matar a Grinda. A pesar de estos avisos, Interior decidió que no era necesario que mantuviera la escolta.

Según la denuncia, si Grinda quería acceder a un puesto en el extranjero y que cesasen los ataques contra él debía aportar información para destruir a su jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y cerrar estos procedimientos «reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»: el de Pujol; el del 3 por ciento; Sumarroca; Aguas de Girona; ZED, en el que está acusado el empresario ya citado Javier Pérez Dolset; Banca Privada de Andorra; Banco de Madrid (Duro Felguera)...

También Grinda debía «explicar el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como dar explicación de mis visitas al 'CNI', que se calificaban como extrañas, dando como fuente de esas visitas a 'FM' (entiendo, según ha corroborado Pere, Francisco Martínez)», exnúmero 2 de Interior detenido recientemente junto al hacker Alcasec y otros dos individuos.

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El último episodio sorprendente relacionado con Grinda es el propio recorrido de la denuncia que presentó, el mismo 27 de febrero, ante su jefe, Alejandro Luzón, además aconsejado por este. El responsable de Anticorrupción la envió a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría Técnica la mandó a la Fiscalía de Madrid.

Allí se archivó, por dos razones insólitas: la primera, que no había sido capaz de entrar en contacto con el mediador, lo que resulta extraño al tratarse de un periodista conocido; y la segunda, que fue una conversación privada, como si los intentos de soborno se publicitasen.

La decisión ha provocado malestar en Anticorrupción, por decirlo de forma suave, pues no se entiende tan poco celo en una investigación de un hecho que consideran muy grave.