Soborno al fiscal Grinda: «Quien puede avalar el acuerdo es Leire»

No hay certeza de quién hizo el ofrecimiento, claro, pero sí es llamativo que la persona que hizo de vehículo para hacerle llegar a Grinda la propuesta de soborno, el periodista de Pere Rusiñol, le dijo que entendía que la persona que puede avalar el acuerdo es «alguien que se llama Leire». Y no hace falta ser muy perspicaz para, a la luz de los acontecimientos posteriores ya conocidos, identificar ese nombre con la 'fontanera'.

ABC ha tenido acceso al escrito en el que el fiscal Grinda relata a su jefe, Alejandro Luzón, lo sucedido. Lo redacta sólo cuatro horas después de producirse los hechos. «Hoy día 27 de febrero de 2025, alrededor de las 12:40 horas, he tenido una reunión con mi amigo Pere Rusiñol, quien me había dicho días antes que quería entrevistarse conmigo», comienza la denuncia. «La reunión se ha realizado en la terraza del mercado Barceló, en Madrid. Al llegar, Pere me ha dicho que tenía una propuesta de alguien, sin decirme quién o quiénes, haciéndome entrega, para que lo leyera, de un papel doblado en cuatro partes».

Eran dos folios tamaño A4, escrito por una cara y la mitad de otra: «Me ha dicho Pere -cuenta el afectado- que lo podía leer pero que no me podía entregar el documento. Me ha dejado un momento solo, apartándose» para que lo leyera, plenamente consciente, por tanto, de que se trataba de un asunto de la máxima sensibilidad.

«Escrito en ordenador, decía que 'G', refiriéndose a mí, había pedido protección (si no recuerdo mal estaba en mayúsculas el término 'protección') y se decía que se estaba en condiciones de proporcionarme un destino en el extranjero (en concreto, tres opciones) y que se comprometía a 'liberarme' de una demanda contra mí, pagando a la demandante el triple de lo que me pedía en un procedimiento judicial». Pero Grinda nunca había pedido protección.

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Sí es cierto, en cambio, que un supuesto vídeo sexual, se utiliza de forma recurrente para tratar de destruir a Grinda por individuos que se ven afectados por sus investigaciones y que siempre se han archivado las denuncias. Y cabe recordar, por ejemplo, que el exfiscal y abogado ya fallecido Ignacio Peláez fue condenado en firme tras una querella interpuesta por el primero ante las acusaciones públicas que recibió.

«Me decía ese escrito -continúa relatando Grinda- que yo estaba en posesión de secretos de mi jefe, acreditativo de actuaciones delictivas del mismo, y que si yo las manifestaba se llegaría a la destitución de mi jefe», Alejandro Luzón, máximo responsable de Anticorrupción.

El escrito precisaba que Grinda obtendría los dos objetivos -un destino en el extranjero y 'liberarse' de la demanda-, si daba información para destruir a Luzón y si además archivaba determinados procedimientos, «reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo», de las Fuerzas de Seguridad.

Esos procedimientos eran el caso Pujol Draco y otros relacionados; el del 3 por ciento, Sumarroca; Aguas de Girona, en el que está inmerso Carles Puigdemont; el de ZED, con el empresario Javier Pérez Dolset como principal implicado, y los de la Banca Privada de Andorra, Banco Madrid, entre otros... «También debía comprometerme a explicar -continúa el escrito del fiscal Anticorrupción- el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como dar explicación de mis visitas al CNI, que se calificaban como extrañas, dando como fuente de esas visitas a 'FM' (entiendo, según ha corroborado Pere, Francisco Martínez)».

La advertencia a Grinda era muy clara, sobre todo porque en ese papel que le enseñaron, según el fiscal, «se decía que esta oferta ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al Fiscal General del Estado», con el que decía, sin ser cierto, que se había reunido Grinda.

Pero claro, ¿quién avalaba el acuerdo? Es en el tercer folio del escrito donde se da, hasta donde es posible, respuesta al interrogante. «Creo que al principio del documento se decía también que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado y como conclusión decía que este acuerdo lo avalaba una alta instancia del Estado», escribe el afectado.

«Es evidente -reflexiona el fiscal- que el escrito (que le da el periodista a leer) me ofrece una posibilidad de acceder a dos beneficios (un destino profesional y un dinero, por la vía de de que no hubiera un daño emergente, del pacto con una demandante) que, por cierto, es controlada (pagada) por personas a las que investigo».

Grinda precisa por tanto que «el objeto de esta denuncia es, conforme ya he hablado, y aconsejado por él (Alejandro Luzón) durante esta mañana, poner en conocimiento que se me está proponiendo realizar actuaciones relacionadas con mi cargo de Fiscal contrarias al Derecho. Eso es así, en tanto los procedimientos a los que antes me he referido, excepto el denominado caso Pujol, son de mi competencia».

Y añade: «Quiero manifestar lo que le he dicho a Pere Rusiñol. Que no sé quién o quiénes han hecho esta propuesta y que en todo caso soy funcionario público y, por consiguiente, no voy a actuar en contra de la Ley o del principio de legalidad. Por si fuera poco desconozco cualquier elemento de conducta delictiva de mi jefe y, desde luego, no puedo ofrecer información ni de conducta delictiva ni de conducta comprometida de mi jefe, Alejandro Luzón».

«Con posterioridad a haber leído el documento, y sin que me haya permitido ni sacarle foto ni quedármelo, he estado comentando con Pere Rusiñol alguna de las circunstancias de este escrito, comentándome Pere que él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire (...) pero desconozco en absoluto el origen del mismo». Y concluye: «La mera referencia a que yo pueda actuar en contra del criterio de legalidad y el ofrecimiento de algún tipo de beneficio lo entiendo como una propuesta de soborno y de prevaricación».

Ayer, el Consejo Fiscal acordó por unanimidad conceder el amparo solicitado por el fiscal Grinda, en este caso por el contenido de los audios de Leire Díez, que revelan que él era una de las personas sobre las que ella buscaba información para usarla en su contra. Que la petición de amparo haya sido por acuerdo unánime de todos los miembros del Consejo Fiscal es inusual, ya que la mayoría de ese órgano está conformada por la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con seis y un vocales, respectivamente, que suelen desmarcarse de las posiciones de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las dos natas y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.