El Gobierno impulsa una ley que obligaría a publicar las reuniones con Aldama

La norma incluye varias medidas para avanzar en la exigencia de transparencia en las administraciones, como la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes de todos los altos cargos públicos, llegando hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, se obligará a que no solo los ministros, sino también los secretarios de Estado publiciten de forma abierta el desempeño de su día a día. Esto es, cuando la norma entre en vigor exigiría que algunas de las reuniones que se producen a espaldas del conocimiento de los ciudadanos, se puedan llegar a consultar.

Especialmente relevantes son las que se desarrollan a nivel político con ciertos lobbies o empresarios. Por ello, citas como las que algunos ministros o secretarios de Estado mantuvieron con el conseguidor Víctor de Aldama se deberían ahora publicar. Aldama -según las evidencias de la UCO y sus propias declaraciones en sede judicial- aseguró llegar a tener contacto directo con hasta cuatro ministros del Gobierno, además de con dos jefes de gabinete y dos presidentes autonómicos. Estas reuniones no tienen respaldo documental alguno. En el futuro, no podrá ser así.

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Fuentes gubernamentales se emplazan a agotar la tramitación completa de la ley, todavía debe pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y culminar su aprobación en las Cortes Generales, para poder escrutar el nivel de detalle que se exige en los encuentros que deberán hacerse públicos en adelante. No obstante, consultados, en concreto, por citas como las que se mantuvieron con el empresario Aldama, las citadas fuentes confirman que ese tipo de reuniones sí estarían recogidas en la ley. «Tendrá que publicarse toda la agenda institucional», resuelven. Hecha la ley, hecha la trampa, porque si en lugar de encuadrarlo en un ámbito institucional se hace en el personal, quedaría exento de publicidad. Ese es el nivel de concreción que se debe aterrizar en la futura tramitación de la norma.

La norma también incluye la regulación, por vez primera, de un régimen de infracciones con la posibilidad de imponer sanciones a los cargos que incumplan las disposiciones legales en materia de transparencia. El régimen de infracciones y sancionador para altos cargos será pionero en España, de acuerdo con el IV Plan de Gobierno Abierto, y supone reforzar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que podrá imponer multas «coercitivas» de 600 hasta a 1.000 euros.

En cuanto a la participación ciudadana, se busca reforzarla con «auditorías ciudadanas» que permitirán a los ciudadanos, junto con la Intervención General del Estado, evaluar las actuaciones y políticas del sector público estatal. Los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir un «pacto de integridad» como condición para su admisión a las ofertas de contratos a fin de prevenir prácticas corruptas y mejorar la lucha contra este fenómeno.

Sobre los conflictos de intereses, y mientras se tramita en el Congreso la ley de «lobbies», se definen por vez primera para aplicarlo a todo el personal público mediante un «registro de abstenciones». Habrá, siempre según el anteproyecto que ahora se someterá a los preceptivos informes consultivos, un régimen para prevenir conflictos de intereses del personal eventual, como es el caso de asesores cualificados o personal de confianza de altos cargos, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Se exigirá la idoneidad de este personal, que tendrá que publicar su currículo en el Portal de Transparencia, así como sus declaraciones de actividades y bienes, y también tendrán su propio régimen sancionador. El ministro López ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la modificación normativa pretende «cumplir con los estándares europeos» y lograr que los ciudadanos «tengan más fácil reclamar frente a la administración cuando se vean lesionados en sus derechos».