El Gobierno se arriesga a pagar 6,6 millones por romper el contrato de munición con una empresa israelí

La decisión tendrá así efectos en el discurso político del Ejecutivo, pero puede que no tanto en el pago a Israel. La propia abogacía del Estado avisó de que la supresión unilateral del contrato, debido a su avanzado estado de tramitación, podía llevar a que se tenga que acabar pagando a la compañía israelí pero sin recibir el producto a cambio. Esto es lo que alegó el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para retomar el contrato pese al intento inicial de paralizarlo. Y a lo que se expone ahora el Gobierno tras la nueva decisión de Moncloa.

Tras conocerse este jueves el cambio de postura del Ejecutivo, fuentes de Interior se mostraban de acuerdo con el nuevo criterio y aseguraban que acatarán lo ordenado. Remitían, además, al Ministerio de Economía, del que depende la Junta de inversión de material de doble uso, que según el comunicado del Gobierno, será el órgano encargado de denegar a la empresa israelí el permiso de importación del material a nuestro país. Una vez se dé este paso, «acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato», aclaraban por su parte fuentes del Ejecutivo.

IMI Systems es una compañía israelí representada en España por la armamentística Guardian Defense & Homeland Security. Pertenece desde 2018 a Elbit Systems, principal proveedora de material militar al Ejército de Israel. En su catálogo de venta de productos en España, IMI Systems se define como una empresa de municiones y sistemas de defensa especializada «en el desarrollo, integración, fabricación y soporte de sistemas terrestres, navales y aéreos de combate».

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Además, destaca que los sistemas de IMI «están sometidos continuamente a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras en las zonas que opera el Ejército Israelí y otros ejércitos OTAN».

El contrato, ahora rescindido, se formalizó en Semana Santa y se había publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El mismo, tramitado mediante procedimiento abierto para el suministro de munición de 9mm, había sido adjudicado a la compañía IMI Systems. En concreto, según recoge el BOE, había resultado adjudicataria de dos lotes de cartuchería 9x19 mm PB NATO, el Lote 1 por un valor de 3,69 millones de euros y el Lote 3 por 1,8 millones, lo que sumaba un total de 5,4 millones sin IVA y que asciende a los 6,6 con impuestos.

Ahora, la abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones, que podrían consistir en perder todo o parte del dinero sin recibir el material, tal y como advirtieron a Interior los servicios jurídicos del Estado.

Pese a la polémica, este no es el único contrato que el Gobierno ha cerrado últimamente con la misma compañía distribuidora de productos de defensa y seguridad israelíes. En concreto, el Ministerio del Interior mantiene un contrato por valor de 319.000 euros sobre placas para chalecos antibalas para la Guardia Civil con la armamentística. La compra se publicó en el BOE la pasada semana y desde el Ejecutivo justifican que en este caso se trata de «material defensivo» y por tanto no tiene nada que ver con la compra de munición por 6,6 millones de euros que fue este jueves paralizada.

El Gobierno ha repetido insistentemente durante los últimos meses que España no compra ni vende material militar a Israel desde que Hamás perpetró los atentados del 7 de octubre de 2023, pero de forma esporádica se van conociendo datos que dicen lo contrario. Primero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció el envío «temporal» a Israel de material de defensa y armamento para su reparación y mantenimiento. Se trata fundamentalmente de equipos del Ejército del Aire con componentes procedentes de Israel que deben ser mantenidos y reparados allí.

Después, el pasado mes de marzo, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, aportó en una comparecencia en el Congreso algunos datos sobre las relaciones comerciales de España con Israel en material de defensa. Aunque insistió en que la compra y la venta de armamento está paralizada, los informes oficiales del Gobierno dicen lo contrario. En concreto, los últimos datos publicados, los del año 2023 y del primer semestre de 2024, acreditan que en ese periodo se formalizaron ventas por 49 millones de euros a Israel, aunque el Gobierno sostiene que en ningún caso llegó a su Ejército material susceptible de ser utilizado en acciones bélicas.

El argumento oficial es que no se ha autorizado ninguna nueva operación de exportación definitiva de material de defensa con destino a Israel, aunque sí se ejecutaron algunas transacciones. La más importante del último periodo corresponde a unos vehículos blindados por valor de 43,2 millones de euros y sus repuestos, cuyo destino final es Filipinas aunque el montaje se realice en Israel.

Además, España ha seguido comprando material del capítulo armas y munición a Israel en tres operaciones realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 «para cubrir las necesidades de la defensa nacional», tal y como pudo confirmar ABC con la base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En concreto, la primera de las transacciones comprendió revólveres y pistolas, excluyendo los de caza, fogueo, lanzacabos, envío de señales o sacrificio de ganado. Las otras dos compras se catalogan en material de guerra: «bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos», según el reglamento europeo de códigos arancelarios. Aunque desde el Gobierno no dieron detalles, las compras podrían haber sido hechas por los ministerios de Defensa o Interior, por una empresa del sector bajo contrato público, o de manera mixta entre la Administración y el sector privado. La base de datos de Comercio recoge las transacciones de mercancías realizadas con el exterior a partir de los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.