Caso Samuel Luiz: Seis minutos de agonía, dos años de instrucción

A estas alturas de la instrucción, que escribe sus últimas líneas, Fiscalía y acusaciones coinciden a la hora de considerar los hechos como constitutivos de un delito de asesinato. Además, acusan a uno de los hombres, el que supuestamente se llevó el móvil de Samuel y lo arrojó a un contenedor, como autor de un delito de robo con violencia. Por su parte, la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (Alas Coruña), acusación popular en el caso, entiende que además puede haber un delito de odio. Sobre este extremo, la presidenta de Alas -que ayer organizó una vigilia en la ciudad en recuerdo del sanitario fallecido- recalcó que «con la muerte de Samuel de repente la sociedad fue consciente de que existe el problema de la LGTBIfobia». «Esto es un tema los 365 días del año. El pasado año se registraron en Galicia 58 agresiones hacia este colectivo, una cifra brutal» manifestó coincidiendo con el aniversario por la muerte. A pocos pasos, en la acera en la que Samuel perdió la vida, flores y mensajes recuerdan lo sucedido sin una sentencia que ayude a cicatrizar la herida.

A nivel judicial, y con la acusación muy armada, el lastre en las pesquisas se debe a las peticiones para acceder a los perfiles en redes sociales de los investigados y a sus mensajes, muchos de ellos borrados tras el suceso. Pero además de los comentarios que los implicados se pudieron cruzar en las horas posteriores al ataque, las acusaciones cuentan con material suficiente para aclarar lo que sucedió aquella madrugada y el grado de participación de los inculpados. Por un lado están los testimonios de quienes vieron el ataque de cerca e incluso de los dos hombres que intervinieron para intentar salvar a Samuel, dos ciudadanos senegaleses a los que se les reconoció socialmente una actuación heroica. Además, las defensas deberán enfrentarse a pruebas difícilmente rebatibles como las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona o la propia autopsia del cuerpo, que dejó constancia del ensañamiento y la violencia que la víctima tuvo que soportar antes de morir a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Las declaraciones de algunos de los testigos que desfilarán por el plenario, a las que ABC accedió en su día, son contundentes en este sentido. El sumario del caso recoge las palabras de dos personas que, a pocos metros de distancia de lo que estaba ocurriendo, presenciaron cómo uno de los agresores tumbaba a Samuel en el suelo pese a que «se lo escuchaba gritar por el dolor de los golpes que estaba recibiendo». También será crucial en la vista oral lo que ocurrió en los minutos posteriores a que un coche de Policía llegase al punto del incidente y todos los atacantes se replegasen. Después de desaparecer en distintas direcciones se citaron en un parque de la ciudad, escenario de una conversación recogida por los investigadores y muy reveladora sobre el grado de participación de algunos de los señalados. Apenas unas horas después del linchamiento, uno de los acusados «se sacó una de las zapatillas deportivas y un calcetín y ya tenía una herida en el pie». En relación directa con este detalle, no menor, otra de las personas que se cruzó con el grupo aquella madrugada comentó que uno de los jóvenes llegó a meter un pie en una fuente para calmar el dolor, al tiempo que manifestaba «me he jodido el pie».

Las circunstancias en las que se produjo el ataque a Samuel, una noche de fiesta recién levantadas las restricciones por Covid en la ciudad, explican el importante número de testigos y datos que los agentes pudieron recabar en los primeros días tras el suceso. Una labor ingente que sentará las bases de los escritos de acusación que las partes deben plantear nada más la juez finalice la instrucción. El juicio, aún sin señalar, podría celebrarse antes de que finalice el año. Cumplidos los dos años en prisión provisional por parte de tres de los investigados, la magistrada del juzgado de instrucción número 8 de La Coruña decretó hace un mes, a petición de la Fiscalía, la prórroga de las medidas cautelares. Un jurado popular formado por nueve miembros será el encargado de dictar veredicto.