Financiación autonómica: el consenso imposible en Galicia

En su turno, el líder socialista José Ramón Gómez Besteiro incidió en que «sería bueno conocer cuál es el modelo del presidente de la Xunta». «¿Tiene algo más que decir que criticar a Cataluña o ese es todo su proyecto?», preguntó, «¿tienen una propuesta alternativa o solo es un proyecto de confrontación?». El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no dio réplica.

Lo cierto es que la propuesta gallega hasta hace unos meses no iba a ser la del gobierno autonómico, ni siquiera la de la mayoría parlamentaria del PPdeG, sino una elaborada desde el Legislativo, a partir de los trabajos de una comisión no permanente en la que estaban representados los tres principales grupos de la Cámara. Esta comisión decayó con el fin de la pasada legislatura, y la incógnita es si, transcurrido ya un año de la actual, va a reabrirse y retomar su actividad.

El grueso de los trabajos de la comisión estaba ya finalizado. Habían comparecido un grupo de expertos propuestos por PP, PSOE y BNG; se había incorporado documentación para su análisis y evaluación; y se había incluso dado forma a un borrador de dictamen, que todo apuntaba a que podría ser objeto de un acuerdo más o menos amplio entre socialistas y populares. «Había coincidencias muy sustantivas», reconoce un diputado de aquella comisión, «como la necesidad de una mayor ponderación en aspectos como la dispersión o el envejecimiento de la población».

La última decisión que adoptó la comisión, el 19 de enero de 2022, fue designar a los integrantes de la ponencia que daría forma al dictamen, para su posterior elevación al Pleno de la Cámara: el popular Pedro Puy, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo y la nacionalista Noa Presas. Tanto han cambiado las circunstancias en el Parlamento que los dos primeros ya no se sientan en él. En junio del pasado año, la Junta de Portavoces del Parlamento aceptó la propuesta del PP para reactivar la comisión, pero sigue pendiente de la convocatoria para su constitución, en la que se aprobarían tanto sus normas de funcionamiento como su plan de trabajo. A efectos prácticos, a día de hoy sigue en vía muerta.

La tónica de los trabajos de aquella comisión fue la sintonía entre PP y PSOE, con un BNG receloso de participar en este clima de acuerdo, refugiado en la necesidad de implementar un modelo de concierto económico para Galicia, postura que ya aparecía recogida en su programa electoral de las autonómicas de 2024 y que defiende desde hace meses, tachando de «cuentas inventadas» los estudios e informes –de entidades tan relevantes como el Foro Económico de Galicia– que consideran altamente nociva esta fórmula para los intereses de la Comunidad.

Algo de eso hay implícitamente en la letra pequeña de la propuesta nacionalista: en su programa reconocían que mientras el concierto no cubriera las necesidades de gasto de Galicia, deberían articularse «mecanismos redistributivos que garanticen el equilibrio territorial en el Estado». Es decir, Galicia no aportaría nada a la caja común pero sí pediría que esta garantizara la redistribución de la riqueza con las aportaciones de otros territorios.

Aunque la comisión se creó en noviembre de 2021, PP y PSOE habían fijado posiciones comunes ya en la legislatura anterior. En febrero de 2017, los conservadores apoyaron una moción del socialista Xaquín Fernández Leiceaga en la que se establecían unos criterios básicos para la fijación del nuevo modelo. El texto de la iniciativa se articulaba a partir de cinco grandes pilares: «equidad y solidaridad plena, estabilidad, autonomía financiera, lealtad institucional y coordinación, y sostenibilidad».

Dentro de cada epígrafe se desgranaban unos principios orientadores, algunos de ellos de plena actualidad. Por ejemplo, se defendía que «la aplicación de la solidaridad debe ser plena y no parcial, sin que quepa establecer discriminaciones entre unas competencias y otras». O se rechazaba tajentemente «el principio de que los recursos fiscales correspondan al territorio donde se originan, por introducir diferencias inaceptables entre unos ciudadanos y otros en función de la renta y la riqueza de la comunidad autónoma en la que vivan». Está por ver si el PSdeG apoyaría a día de hoy una iniciativa parlamentaria de este tenor, toda vez que el acuerdo del Gobierno con Cataluña precisamente va en la dirección contraria.

Más entendimiento podría existir en otros aspectos de la moción, como los criterios para el cálculo del coste por habitante. El texto aprobado pedía que, en la determinación del gasto sanitario se establecieran «dos tramos adicionales, de más de 75 y más de 85 años». Asimismo, esta mayor definición de tramos de edad debería aplicarse en las políticas sociales. También se pedía que, a la hora de establecer «las necesidades de gasto educativo», se tuviesen en cuenta «el número efectivo de alumnos, incluidos los de educación universitaria, de cada Comunidad Autónoma».

El PP, por el momento, está instalado en una estrategia de pedagogía hacia la ciudadanía sobre los efectos perniciosos no solo del concierto que pide el BNG, sino de las consecuencias del acuerdo Gobierno-Generalitat, que otorga a Cataluña la capacidad para recaudar todos sus impuestos y le concede la potestad de elegir cuánto destina a la solidaridad interterritorial y qué condiciones se le impondrán a otras autonomías para acceder a estos fondos. «La imposición de la mal llamada quita de deuda y el acuerdo para la financiación singular de Cataluña suponen la mayor amenaza al autogobierno y a la suficiencia financiera de Galicia desde la llegada de la democracia», dijo el lunes el portavoz popular Alberto Pazos durante el debate del techo de gasto.

A la vuelta del verano, Alfonso Rueda deberá determinar con su equipo de colaboradores si quiere hacer del debate de la financiación autonómica una cuestión sobre la que pivote el discurso político en Galicia, a la vista de la postura extremadmente dependiente del Gobierno que exhibe el PSdeG, y de lo nocivo del modelo de concierto que defiende contra viento y marea el nacionalismo gallego.