El Parlamento de Galicia reactiva la comisión de financiación en pleno debate nacional

Galicia quiere hacer oír su voz en este debate, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, viene de anunciar que el próximo mes convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Y no es cuestión menor que quedase inconclusa la labor de la comisión, que se puso en marcha en la anterior legislatura autonómica, la undécima.

Como expuso este viernes el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, el dictamen servirá para «poner encima de la mesa un documento que sirva de base para una posible negociación de la financiación». Con el aval del Parlamento y ofreciendo una «visión de conjunto» de cuál considera la Comunidad que ha de ser el nuevo modelo. Uno que «atienda las demandas y peculiaridades de todas» las regiones; recogiendo a la vez aquellas «específicas» de Galicia por sus características.

Cuestión aparte es el nivel de consenso que obtenga. Hace dos años, el entonces portavoz conservador en la Cámara, Pedro Puy, reconocía a ABC que veía difícil contar con el apoyo del BNG; pero sí apreciaba «muchos» puntos de «contacto» con el PSOE. El contexto, evidentemente, era otro.

La 'comisión no permanente especial de estudio para abordar la propuesta de la Comunidad Autónoma de Galicia ante la reforma del sistema de financiación' se constituyó en noviembre de 2021, y quedó disuelta al mismo tiempo que el Parlamento, el 26 de diciembre de 2023, por la convocatoria de elecciones autonómicas. Echó a andar en plena pandemia, de ahí que la decena de expertos que compareció lo hiciera con mascarilla. Si en algo coincidieron fue en rechazar los postulados del BNG y su demanda de un modelo 'a la vasca', de concierto y cupo.

Comparecencias que concluyeron con la del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien cifró el sobrecoste para Galicia de la variable de dispersión en más de 500 millones anuales, además de fijar la posición de la Comunidad. Corgos reclamó un modelo con suficiencia global, con una variable que refleje el coste de los servicios en cada territorio, con una nivelación total, permitiendo capacidad fiscal y aportando simplificación, transparencia y estabilidad.

La voz discordante en todo el proceso la puso el Bloque, que lejos de haber variado sus postulados, los mantiene. El pasado martes, la viceportavoz Olalla Rodil, tras la Junta de Portavoces, instó al PP a 'descongelar' la comisión, al tiempo que reclamó una «negociación directa» de la nueva financiación. De paso, culpó a los populares de haber lastrado a Galicia al apoyar el modelo en vigor (y caducado) en 2009. Tres días después, el Grupo Popular no solo no dio su 'ok' a retomar la comisión, sino que Pazos apuntó que «lo normal es que se aceleren los trabajos» que quedaron inconclusos. Y, sin poner una «fecha tope», sí dijo confiar, en rueda de prensa, en disponer de un dictamen «en un plazo bastante breve».

Ayudará a ser diligentes que los grupos -a los que desde marzo se ha sumado el Mixto, con Armando Ojea, de Democracia Ourensana- se pongan de acuerdo. Pero el clima reinante no ayuda. Pazos se mostró muy crítico con las dos fuerzas de la izquierda gallega. De los socialistas censuró que son «capaces de decir en Madrid una cosa y, en Galicia, exactamente la contraria». Además de imputar seguidismo a su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, por cubrir a Sánchez a base de negar que no habrá un trato preferente para Cataluña. En cuanto al BNG, Pazos reprochó que están «más preocupados de cumplir los deseos de sus aliados independentistas», aunque esto suponga avalar una decisión que resulta perjudicial para Galicia.

El Bloque se ampara en que la Comunidad puede aspirar a seguir los pasos de Cataluña para argumentar que no tiene por qué perjudicarle que Sánchez les otorgue una financiación «singular». El PSdeG, además de no poner un pero a su jefe de filas nacional, se escuda en que no ha de importar lo que pasa en otras regiones. Ahora podrán retratarse.