El programa no tan moderado del BNG de Ana Pontón

Sin ambages, el BNG considera que Galicia padece «una autonomía limitada y tutelada», dentro del marco jurídico del Estatuto y la Constitución, dos normas que el nacionalismo gallego no votó. «Defendemos el impulso de un nuevo marco político que emane del ejercicio de autodeterminación del pueblo gallego», sostiene el primer capítulo del programa, «objetivo estratégico» que, mientras se materializa, podría ir compensándose con un nuevo «marco político y jurídico que nos reconozca como pueblo y nos otorgue el derecho a decidir nuestro futuro».

No es un enunciado retórico ni maximalista. Ese nuevo 'estatus político' tendría aparejado la ruptura con el actual modelo, porque implicaría «el reconocimiento del derecho de autodeterminación», la «eliminación de las provincias» para regresar a un modelo comarcal o «la creación de un poder judicial propio para Galicia», que implicaría «la completa reformulación del Tribunal Constitucional, que dejaría de ejercer funciones» en la Comunidad, «trasladando los conflictos de competencias a soluciones arbitrales a través de órganos políticos bilaterales».

No es nuevo que el BNG solicite un concierto económico para Galicia como modelo para fijar su financiación autonómica. Es una reivindicación histórica, impermeable a los estudios que acreditan que esta fórmula sería ruinosa para la Comunidad y mermaría, al menos, en mil millones anuales, los recursos de la Xunta. No hay informe de experto que no tenga carné del BNG que sostenga la viabilidad del concierto. No por ello desisten en esta pretensión, que ahora convierten en «prioridad» del nuevo gobierno gallego, para asumir «la atribución de plena capacidad normativa, de gestión y responsabilidad de todos los impuestos soportados en Galicia, contando con una Agencia Tributaria» propia e integral. Eso sí, el BNG pide que además del concierto se mantengan «mecanismos redistributivos que garanticen el equilibrio territorial en el Estado». Es decir, Galicia no aportaría nada a la caja común pero sí pediría que esta garantizara la redistribución de la riqueza con las aportaciones de otros territorios.

Noticia Relacionada

El BNG secunda la manifestación proetarra con perfil bajo para ocultar sus alianzas

Pablo Pazos

La cercanía de las elecciones gallegas lleva a los nacionalistas gallegos a camuflar sus filias, dentro de la imagen de moderación que proyecta su líder, Ana Pontón

Consciente de que la reivindicación del concierto económico es un brindis al sol a corto plazo, el programa del BNG plantea otra alternativa para la reforma del actual modelo de financiación autonómico. En ella se reclama la «cesión completa» del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, y una reforma de Sociedades «para que la tributación de los distintos establecimientos empresariales se produzca allí donde está radicada su actividad y no donde se sitúa la sede central de la empresa». La política tributaria del BNG plantea gravar a las grandes superficies comerciales, añadir tramos del IRPF y elevar los tipos para las rentas más altas; pero también impuestos para las viviendas vacías e incluso para las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

La demonización del 'centralismo' es otro eje transversal en el programa nacionalista. Madrid como enemigo. «Madrid se convirtió en el núcleo referencial del Estado, sede de los poderes político, ejecutivo, legislativo, judicial, militar y del cuerpo diplomático», expone el texto programático, «Madrid tiene un permanente apoyo del Estado», y «las consecuencias del centralismo son muy negativas para Galicia», porque «agrava nuestra condición de periferia económica y la huida de empresas» a la capital de España, «que es la sede fiscal de más de 4.300 empresas con actividad en Galicia, produciendo un estrago fiscal devastador».

Tampoco es novedoso que las propuestas lingüísticas del nacionalismo pasen por un impulso al gallego en detrimento del castellano. Su principal medida es la derogación del decreto educativo aprobado por Feijóo en 2009, que garantizaba el uso al 50% de las dos lenguas cooficiales en la enseñanza. Su modelo es «una educación totalmente en gallego», a partir de «una inmersión lingüística» en esta lengua «con el objeto de conseguir la plena normalización» de su uso.

«La lengua es un derecho (individual y colectivo) irrenunciable», y por tanto «la política lingüística debe permear todas las políticas que se desarrollen o activen desde cualquier instancia del Parlamento y de la Xunta, y debe ser una constante nuclear de toda la acción del Gobierno, la corriente continua que impulse cualquier acción de forma transversal». En su último paso por el gobierno gallego, las áreas del BNG llegaron a subvencionar que los comercios rotulasen en gallego, por ejemplo.

Uno de los problemas que señala el BNG es la transmisión intergeneracional del gallego: abuelos y padres lo hablan, pero los hijos relegan su uso. Para ello, el programa propone «asegurar la existencia de contextos favorables para el uso de nuestro idioma entre familias y juventud», así como políticas para «seducir» a los no gallegohablantes, «para que consideren el gallego como una señal de identidad positivo». Hay algún tic antiespañol en su política educativa. Así, se compromete a «derogar aquellas normas en materia educativa que sustenten la desigualdad, la privatización, la mercantilización, la españolización y la confesionalidad del sistema educativo».

La promoción lingüística llevaría desde la recepción en toda Galicia de los canales de la televisión pública portuguesa (RPT), la impregnación de la inmersión en gallego a todas las áreas de actividad civil y económica, y la difusión en territorios de otras Comunidades, como el Bierzo, las comarcas del Eo y el Navia o el extremo Valle de Jálama. El uso de la lengua gallega llegará hasta el punto de condicionar la contratación pública. Y el 23 de febrero deberá ser, además, institucionalizado como Día de Rosalía.

En sus casi doscientas páginas, el BNG recoge otras propuestas llamativas. Entre ellas la creación de una policía gallega propia, que asumiría los efectivos de la actual unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia, pero también a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, dado que esta competencia dejaría de ser del Estado y pasaría a la Comunidad.

En el apartado cultural, reprochan a Feijóo y Rueda haber sido «alumnos aventajados del discurso españolista y centralizador». La cultura para el BNG es una cuestión identitaria y que debe estar al servicio «del fortalecimiento de la identidad nacional». También la historia, para lo que proponen «programaciones temáticas sobre periodos históricos, acontecimientos o personalidades relevantes de la historia de Galicia», el «fomento de la utilización de personajes y contenidos de nuestra historia como fuente de creación artística» enfocados «a la población infantil y juvenil» así como la promoción de fiestas pero siempre que lleven aparejadas «celebraciones históricas generadoras de identidad, de conocimiento del pasado (...) y de atractivo turístico».

Una de las reformas legislativas que impulsará el BNG será la de la normativa electoral autonómica, para que la edad mínima se rebaje hasta los 16 años, y el umbral de voto necesario para alcanzar representación pase del 5% al 3%, revirtiendo así la reforma que en su día hizo Manuel Fraga. El nicho del voto joven es uno de los que más y mejor trabajados tiene el nacionalismo en Galicia, con fuerte presencia en institutos y universidades. Otra será la creación «de un mecanismo nacional de prevención de la tortura de ámbito gallego» con el que la Xunta inspeccionará los «centros de menores de reforma, unidades de ingreso psiquiátrico» y los «calabozos» de los cuerpos y fuerzas de seguridad.