La opaca red empresarial detrás de los propietarios de Alu Ibérica que investiga la Audiencia

La jueza Tardón estableció las pesquisas después de que el sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) presentase una querella en la que daba cuenta del opaco entramado empresarial que hay detrás de la marca que posee el 75% de las fábricas. En su escrito, la CCP apuntaba a que el Grupo Riesgo no es realmente ninguna sociedad. A finales de 2018, la multinacional estadounidense Alcoa anunciaba su intención de cerrar las plantas de aluminio de La Coruña y Avilés. Tras la presión social accedía a traspasar las factorías a un inversor interesado en un proceso que contó con la participación del Gobierno central y la Xunta, además de los sindicatos. En este momento se postula para hacerse con las plantas uno de los querellados por CCP, Victor Rubén Domenech, como Grupo Industrial Riesgo , «denominación carente de personalidad jurídica», apuntan los fundamentos de la denuncia.

En mayo de 2019, en pleno proceso de búsqueda de inversor para Alcoa, Domenech como socio único registra una sociedad en Benalmádena, Málaga, una de las provincias donde se han producido las detenciones. La empresa, PM MR 1866 SL, se constituye con el capital social inicial mínimo de 3.000 euros y su actividad declarada nada tiene que ver con la producción de aluminio . Su objeto social, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) es el almacenamiento, manipulación, distribución de materia prima farmacéutica. Como administrador de la empresa aparece Luis Losada Gómez.

Alcoa descartó al Grupo Riesgo como posible comprador de las factorías por carecer de solvencia necesaria . Finalmente anunció que optaba por el fondo de inversión suizo Parter. Pero las garantías económicas que tenía que poner el fondo encima de la mesa por valor de 15 millones de euros también estuvieron a punto de echar al traste el proceso. Tras ampliarse el plazo, Parter logró finalmente los avales a través del Banco Santander. En el acuerdo, el fondo de inversión no tenía que desembolsar ninguna suma monetaria a Alcoa por las plantas y se comprometía a continuar con la actividad durante dos años y no ejecutar despidos. Era la multinacional estadounidense del aluminio la que se comprometía a destinar 90 millones de euros en ese periodo para el mantenimiento de la plantilla y para las inversiones necesarias en las plantas . Para renovar la capacidad productiva de la fabricación de aluminio deberían destinarse también los 15 millones que depositaban los suizos. Alcoa se ahorraba con este pacto el montante de las indeminizaciones económicas por despido de los trabajadores y el desmantelamiento de las instalaciones productivas.

El acuerdo de compraventa, según recuerda en su querella CCP, incluía una cláusula por la que si Parter incumplía sus compromisos quedaba anulado el desembolso económico prometido por Alcoa . El sindicato se ha querellado también contra la multinacional estadounidense por si pudiese beneficiarse de toda la operación y finalmente se marchase de La Coruña y Avilés sin tener que pagar los 90 millones de euros. La firma con Parter se produjo en julio de 2019. Pero a mediados de abril de 2020, el Grupo Industrial Riesgo anunciaba que había comprado al fondo suizo el 75% de las acciones. Apenas mes y medio después de cerrar el acuerdo con Alcoa, Parter ya negociaba con Riesgo para la adquisición, de la que no ha trascendido el precio. Aunque Alcoa amagó en un primer momento en dejar de inyectar el dinero comprometido tras la operación depositándolo ante notario, finalmente sí está pagando las nóminas de los empleados, según explica el secretario general de CCP, Juan Antonio González .

Unos meses antes de la compra a Parter (que también utilizó sociedades interpuestas para la operación), el Grupo Riesgo crea otra empresa, System Capital Management. Según la querella de CCP, se registra el 3 de enero de 2020 en Madrid (otro de los puntos donde se han realizado las detenciones) con un capital de 330.000 euros. «Comparecen ante notario los querellados Luis Losada Gómez en representación de PM MR 1866 SL» (la empresa de la que Domenech es socio único), explican los denunciantes. El capital de la nueva compañía se divide al 95, 75% para la sociedad de Domenech y el 4,24% restante es propiedad de Alexandra Camacho. En este caso, el objeto social ya tiene que ver con la fabricación de aluminio. Pero en este punto el Grupo Riesgo juega a la ceremonia de la confusión. El nombre de la nueva sociedad, System Capital Management, coincide exactamente con el de un holding ucraniano, que entre otros negocios se dedica también a los metales y la minería. Unos meses después, en diciembre de 2020, deciden cambiarle la denominación y, según consta en el Borme, pasa a llamarse Iberian Green Aluminum Company.

«System Capital Management es la sociedad pantalla o instrumental a través de la que Victor José Domenech dirige y administra los centros de trabajo de La Coruña y Avilés », relata la querella presentada ante la Audiencia Nacional. Esta sociedad es la administradora mancomunada de las empresas Alu Ibérica LC y Aluibérica AV (con sede en las factorías de La Coruña y Avilés) y también de otras dos firmas, Alu Holding LC Spain y Alu Holding AVL 2019 Spain SL (que fueron las que Parter vendió a Riesgo).

El sindicato CCP entiende que todas estas empresas son «entidades sin solvencia para salvaguardar los puestos de trabajo, sin capacidad para llevar a cabo el plan de negocio, sin capacidad de pago de 42,5 millones de euros anuales en salarios , sin capacidad de inversión», exponen en su escrito a la Audiencia Nacional. Recuerda, además, que al no tenerla se frustra la finalidad de la venta de las fábricas de Alcoa que era la de salvaguardar los puestos de trabajo.

Tras examinar la querella, la jueza Tardón ordenó abrir una investigación policial. En el auto, la magistrada pedía que se aclarase la «titularidad real de las dos factorías Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera, y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia».

Los sindicatos de Alcoa creen que todo el entramado empresarial tiene por objetivo comprar la fábrica a precio de saldo, desmantelarla vendiendo sus activos y a partir del próximo mes de julio (fecha en la que expira la obligación de mantener los puestos de trabajo) abocarla al concurso de acreedores . Los trabajadores que iban a ser despedidos con unas indemnizaciones ventajosas podrían tener que acabar dependiendo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar algo.