Varios detenidos tras el registro de la UDEF a las plantas de Alu Ibérica

La Justicia trata de dilucidar, además, el papel que jugaron en todo el proceso los anteriores propietarios de las factorías. En 2019, Alcoa vendió a Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las administraciones que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas. La compañía estadounidense justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo sin que haya trascendido el montante económico de la operación. Desde entonces, los trabajadores se encuentran prácticamente sin actividad y temen que en junio de 2021 vuelvan a asomarse al abismo de los despidos . El conflicto ha sido permanente desde la llegada de Riesgo y el pasado martes el Juzgado de lo Social número 1 de La Coruña condenó incluso a la empresa por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores.

La denuncia que ha motivado los registros partió del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) , que representa al colectivo de mandos con cierto grado de responsabilidad. A finales del mes de diciembre de 2020, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, la admitía a trámite y ordenaba a la Policía la «investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas» contra las que se dirigía la querella. Entre otras cuestiones, en el auto Tardón pedía incluso que se aclarase la «titularidad real» de las dos factorías Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera, y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia».

Juan Antonio González, secretario general del sindicato CCP, explica a ABC que sospechan que las verdaderas intenciones del Grupo Riesgo pasan por desmantelar la fábrica, vender todo aquello que puedan y dejarla abocada al concurso de acreedores . «Las declaraciones en las que la empresa afirma tener un plan industrial son pura falacia y puro márketing», sostiene. «En el peor de los escenarios, la plantilla acabaría despedida cobrando unas indemnizaciones pírricas del Fogasa», lamenta el secretario general del sindicato. González alerta de que desde CCP han denunciado que «hay salidas de material que no están suficientemente documentadas». En los últimos meses, relata, a algunos cargos se les presionaba por parte de la empresa para que firmasen la venta de chatarra que teóricamente tendría que ser reciclada en la factoría para la obtención de aluminio . En la querella, CCP explica que las existencias por un valor cercano a los 10 millones desaparecieron ya en octubre de 2019 (en esa fecha aún era Parter el dueño de las fábricas). Mientras, la actividad productiva se reduce al mínimo. «Cuando la producción de La Coruña alcanzaba las 110.000 toneladas anuales, se ha pasado a solo 8.400 en el primer semestre», indica el sindicato en los fundamentos de derecho de la querella. También relata que el Grupo Riesgo acumula impagos a sus proveedores y que la «situación de insolvencia es de millones de euros».

Más allá de la gestión actual del Grupo Riesgo, la querella que investiga la Audiencia Nacional afecta también a todo el proceso de venta de las plantas de Alcoa. En su denuncia el sindicato recuerda que fue Alcoa la que eligió su comprador. Escogió a Parter y al Grupo Riesgo y dejó fuera a «competidoras con proyección internacional», entre ellos el grupo Liberty House, que ahora se postula también para hacerse cargo de la factoría de Alcoa en San Cibrao. Alcoa seleccionó a Parter, pero el fondo suizo no tuvo que desembolsar dinero para hacerse con las plantas. Los estadounidenses se comprometieron a abonar 90 millones de euros para poder pagar los salarios de los 688 trabajadores de ambas factorías durante dos años y a que se ejecutase un plan industrial que garantizase la viabilidad de la empresa. Apenas unos meses después de sellar el acuerdo con Alcoa, Parter ya negociaba la venta a Riesgo. «El Grupo Industrial Riesgo no es ninguna sociedad, hay una serie de sociedades pantalla por detrás que se han ido creando e incluso se crearon durante el proceso de venta de Alcoa» , explica González para poner en duda la solvencia de los propietarios de Alu Ibérica. De ahí el interés de la jueza Tardón por dilucidar «la titularidad real» de las factorías.

Como también reclaman desde el comité de empresa, el sindicato CCP considera que el Estado debería intervenir la factoría para poder salvarla antes de que sólo quede «un esqueleto».

En declaraciones a los medios al poco de iniciarse el registro policial en La Coruña, el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, mostró «la máxima colaboración» con las fuerzas de seguridad «para que se establezca lo que nosotros consideramos la verdad» y que el ámbito judicial exija «responsabilidad a todas las empresas implicadas en este engaño tremendo que estamos sufriendo desde hace dos años». Corbacho pidió también a las administraciones que creen una mesa social con los representantes de los trabajadores para buscar una solución de futuro para la planta.