Un fondo holandés de pensiones controlará la principal autopista de Galicia

En concreto, y tal y como avanzó el fondo holandés en un comunicado, APG y Corsair ya tendrían garantizado el control del 59,2% del capital de Itínere, frente al 55,6% que sumaría Globalvía y sus socios (Abanca, Sacyr y Kutxabank). Toda vez que Corsair, como actual primer accionista de Itínere, ya cuenta con el 38% del capital del grupo, la contraoferta lanzada con APG habría sido aceptada por alguno de los socios de Globalvía. Sin embargo, fuentes de Sacyr consultadas por Europa Press aseguraron que el grupo no ha aceptado acuerdo de venta alguno de su participación con Corsair y APG.

La constructora que preside Manuel Manrique, Abanca y Kutxabank son son los tres socios que tienen firmado desde julio un acuerdo de venta a Globalvía de sus participaciones en Itínere que, conjuntamente, suman un 55,6%, por un importe de 723 millones de euros. Fuentes conocedoras de este acuerdo indicaron a Europa Press que el pacto incluye una cláusula penal por la que estos tres socios tendrían que pagar 100 millones de euros a Globalvía en caso de que rompieran el pacto de compraventa.

Con esta pugna de ofertas y contraorfertas por Itínere se abre un nuevo capítulo en el proceso abierto por Sacyr, Abanca y Kutxabank hace años para tratar de vender sus participaciones en la compañía. Las reticencias y el bloqueo que Corsair planteó inicialmente a esta desinverión incluso llevó a los tres accionistas a plantear el pasado año un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Madrid.

La autopista gallega AP-9 supone la principal «joya de la corona» del grupo Itínere. Su empresa concesionaria, Audasa, cerró su último ejercicio con un beneficio de más de 44 millones de euros pese a que los ingresos totales por peajes en esta vía, que vertebra la fachada atlántica de Galicia de norte a sur, subieron un 1,5% hasta los 140 millones.

Precisamente, la elevada cuantía de los peajes en esta infraestructura la ha situado durante los últimos años en el centro de la polémica política. El Parlamento gallego reclamó por unanimidad en numerosas ocasiones transferir a Galicia la titularidad de esta infrestructura , actualmente en manos del Gobierno central. Sin embargo, la Mesa del Congreso rechazó debatir esta propuesta hasta en dos ocasiones durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy.