La AP-9 a su paso por su Santiago
La AP-9 a su paso por su Santiago - MIGUEL MUÑIZ
VENTA DE ITÍNERE

El cambio de dueños de la AP-9 alienta un nuevo consenso sobre su traspaso

La conselleira Ethel Vázquez insiste en que la cesión sería «lo mejor para Galicia»

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Laventa de una partedel accionariado de Itínere, la empresa que gestiona la AP-9, se está descubriendo en toda una ventana de oportunidad política para exigir que la Xunta tome de inmediato el control sobre la infraestructura. Del primero al último, todos los grupos con representación en el Parlamento coincidieron en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que despeje el camino de la transferencia. El argumento empleado por todas las formaciones —matices aparte—es básicamente el mismo: a mayor proximidad de gestión, mejor calidad de servicio. Y ellas se suma también la Xunta, que parece subir un peldaño más el tono de reivindicación. Sin ir más lejos, ayer la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se mostró convencida de que la cesión es «lo mejor para Galicia», pues supondría «velar por la calidad de forma directa, más efectiva e incluso planificar las obras de forma más rápida y eficiente».

El traspaso de la AP-9 es uno de esos «asuntos de país» que encabezan la lista de reclamaciones históricas de Galicia. No pudo ser durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y tampoco pudo debatirse su cesión en el Congreso, pese que el Parlamento autonómico lo reclamó hasta en dos ocasiones y por unanimidad. Pero ahora el contexto es distinto. El pasado viernes, Globalvia anunció un acuerdo con Abanca, Kutxabank y Sacyr para la compra del 55,6% de las acciones de Itínere Infraestructuras, sociedad que gestiona, además de varias vías de comunicación, la Autopista del Atlántico. El precio: 723 millones de euros. Bajo una óptica meramente empresarial, la operación no es más que «un cambio en la propiedad», como reconocieron ayer tanto en las filas del PP como en el PSdeG. Sin embargo, los partidos en Galicia ven motivos para una hacer una nueva intentona.

Al margen de la venta, muchos parecen detectar un cambio de sensibilidad en La Moncloa con la llegada de los socialistas al poder. En la última reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejióo, el presidente del Gobierno pidió un «tiempo» para estudiar la viabilidad del traspaso. Un margen de por sí más amplio que el conseguido durante la etapa de Íñigo de la Serna al frente de la cartera de Fomento.

Ayer, el portavoz del PPdeG en O Hórreo,Pedro Puy, recordó la antigüedad del debate, y todas las veces en las que los diputados manifestaron que «la gestión» de la AP-9 sería mejor «desde la proximidad». Y más ahora, con el cambio de manos, los populares creen que la Xunta «tendría más capacidad para controlar» que la nueva dirección cumple con los pliegos de la concesión, prorrogada por el Ejecutivo de Aznar hasta el 2048.

El PSdeG no ve cambios

La estrategia que vayan a adoptar los socialistas gallegos en adelante es otra de las incógnitas. Para el portavoz del partido en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, el traspaso supone una «oportunidad» para «reflexionar sobre las ventajas de la gestión desde la proximidad», pero no es menos cierto que, en sí, «no cambia para nada la situación». Lo necesario, a su juicio, es que la rueda de la tramitación empiece a girar de nuevo, y pedirle al Congreso la apertura de un debate que Fomento —a través de varios informes encargados por la Mesa— no permitió en el pasado.

Mucho más extrema es la posición de rupturistas y nacionalistas. No solo reclaman que la Xunta asuma la titularidad de la autopista, sino que piden un rescate que el Gobierno de Rajoy llegó a cifrar en 4.400 millones. La diputada de En Marea, Eva Solla, llegó a calificar la venta de Itínere como una maniobra «totalmente indecente» y sugirió su prohibición al menos hasta que no se resuelva el debate. La confluencia sigue insistiendo en que la cesión solo debe ser una estación de paso hasta conseguir «la nacionalización del bien». «Los contribuyentes ya pagaron lo suficiente», se quejó Solla. Desde las filas del BNG, Olalla Rodil lamentó que la Xunta actuara de «mera espectadora» mientras la AP-9 pasa de «unos fondos de especulación a otros fondos buitres nuevos».