Exministros socialistas y personalidades de la cultura firman un manifiesto a favor de Pedro Sánchez que ataca a los jueces
Exministros socialistas Leire Pajín, Magdalena Álvarez, o Jesús Caldera y artistas como Almodóvar arguyen que es «inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil»
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Cien personalidades de izquierdas de la política, la cultura, los medios de comunicación o el mundo jurídico han firmado un manifiesto para apoyar la continuidad del Gobierno y reclamar la puesta en marcha de un programa «actualizado» de medidas «contundentes y concretas» ... contra la corrupción que, al mismo tiempo, ponga por delante los «avances sociales» y «derechos civiles» para mejorar la vida de la ciudadanía.
Con el lema 'Por los avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución', el documento ha sido firmado por el cineasta Pedro Almodóvar, los cantantes Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel o Miguel Ríos, así como la actriz Loles León, entre otros.
Además, han secundando este documento el exministro y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; el expresidente de la Generalitat José Montilla; o los exministros socialistas Leire Pajín, Magdalena Álvarez, Carmen Montón, Juan Fernando López Aguilar, Joan Clos, Manuel Castells o Jesús Caldera. En el listado aparece además el poeta Luis García Montero o la escritora Rosa Montero, entre otros.
Supuestos casos de corrupción
El texto reconoce que los «supuestos delitos» asociados al de presunta corrupción, en el que están implicados los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos son «graves» y «denotan crasos errores» en la elección de los cargos y la vigilancia de sus labores.
«Sin embargo, es inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil, antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado», arguyen.
Inciden en que la caída del Gobierno «sólo es posible por el éxito de una moción de censura o la celebración de elecciones», dos supuestos que, hasta ahora, no se han dado. «Pretender acortar la legislatura por otros métodos supondría un golpe inconstitucional. Aquellos que solicitan que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que desean es que llegue un gobierno de las derechas PP-Vox», agregan.
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«El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que a la crítica política propia en un sistema democrático», esgrime el texto, que critica la «descalificación» de las «derechas» por haber «puesto en cuestión el resultado electoral» como hicieron, en el pasado, los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Observan, al mismo tiempo, que «las incriminaciones y calumnias» han alcanzado «niveles desconocidos en los parlamentos europeos», con el uso de términos como «gobierno criminal, mafioso, capo de la mafia o gobierno de corruptos».
Ataques contra los jueces
También ponen de manifiesto las concentraciones y huelgas del poder judicial contra «leyes del Congreso que no les gustan», como la reforma de la justicia o la amnistía. Unas protestas que, dicen, se enmarcan «fuera de la legalidad».
«Jueces y magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias, mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte la sentencia sobre la amnistía. Una parte muy importante de los medios de comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se compadece con la situación del país», añaden. Y contra un sector de la jerarquía de la Iglesia por «violar la neutralidad política».
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«Los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerdan a las agresiones fascistas de épocas pasadas», recriminan, a la vez que afirman que el Senado se utiliza como «ariete» con comisiones de investigación que «sólo pretenden incriminar al Gobierno».
Al mismo tiempo, subrayan que los «avances» del Gobierno en materia económica y social «se ocultan por sistema» o se informa de ellos «sesgadamente».
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