Las 15 medidas anticorrupción presentadas por Sánchez en el Congreso

El plan, según comunican fuentes del Gobierno, «supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España y el objetivo es situar a nuestro país a la vanguardia del continente».

Estas medidas anticorrupción se centran en cinco diferentes ejes: Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción, protección a los denunciantes de corrupción, refuerzo de la capacidad del estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción, recuperación de los bienes robados mediante la corrupción y generación de una verdadera cultura de integridad.

A continuación, la lista completa de las quince medidas:

«Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción».

«Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración».

«Se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude».

«Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos».

«La nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato».

Primero, «obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes». Segundo, «profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción». En tercer lugar, «aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés».

«Incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional».

«Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos».

«Continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal».

«Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales».

«Puesta en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración».

«Dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción».

«Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea».

«Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia».

«Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención».