El PP fuerza a Sánchez a explicar el bloqueo del informe Greco sobre corrupción

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha hecho oídos sordos pero se encontrará con dos bloques de preguntas escritas recién registradas por el Grupo Popular en el Congreso en las que se le pide que explique a qué se debe el bloqueo aplicado al informe de Greco. «¿Qué tiene que ocultar»?, reza una de las cuestiones, después de que este periódico haya publicado que la conclusión del informe es que España sigue sin cumplir «suficentemente» las recomendaciones que el Greco le viene haciendo desde el año 2019 y que llevaron a este organismo ya en 2023 a abrir un procedimiento de incumplimiento contra nuestro país.

Los bloques de preguntas reclaman también una valoración del Gobierno sobre la decisión del Consejo de Europa de elaborar un informe específico sobre «la situación de emergencia de corrupción en España» así como conocer la fecha en la que el Ejecutivo va a cumplir con las demandas tanto del Greco como de la Comisión Europea. «¿A qué espera?», cuestionan hasta trece diputados populares después de recordar que Pedro Sánchez reconoció el incumplimiento de España en su última comparecencia en la Cámara Baja. «Durante la presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el Congreso, el presidente admitió que su Gobierno está incumpliendo al menos un 30% de las medidas que el Greco lleva años exigiendo a España. Además, en ninguna de las medidas en las que se han dado pasos existe un cumplimiento completo de la petición del órgano«, subraya la inicitiva de los populares. »¿Por qué no incluye el plan las medidas exigidas por el Greco para asegurar la transparencia en la contratación de asesores, analizar los conflictos de intereses, impedir que los ejecutivos puedan influir en miembros del Gobierno o reducir los aforamientos?«, añade. »Con una treintena de personas del entorno del presidente, de su Gobierno o de su partido investigadas por corrupción, ¿tiene este Ejecutivo la credibilidad y los incentivos necesarios para perseguir y atajar la corrupción, tal como afirma?«, es otra de las cuestiones planteadas.

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El Gobierno está obligado a responder a las preguntas escritas que se registran en el Congreso tanto por el Reglamento de la Cámara como por la Constitución. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta sortear esta obligación con mayor frecuencia que los anteriores cuando se encuentra con preguntas incómodas de la oposición ofreciendo en muchas ocasiones una larga cambiada para no dar los datos o la información que se le requiere. En todo caso, una vez registradas las preguntas del Grupo Popular se pone en marcha la tramitación parlamentaria: la Mesa del Congreso deberá calificarlas en los próximos días como paso previo a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, y este paso será el que generará la obligación del Ejecutivo. El Reglamento del Congreso establece que la contestación de las preguntas escritas «deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, pudiendo prorrogarse este plazo a petición motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de hasta veinte días más». En el caso de que el Ejecutivo no conteste, el Grupo Popular podrá pedir a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que ordene que las preguntas se incluyan en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión permanente como preguntas orales que deberá contestar el Gobierno.