El empresario que fichó a Koldo y un socio de Aldama, imputados en otro caso de hidrocarburos

Ambos están citados el próximo 26 de febrero, junto a los también empresarios Jesús de Gregorio Llopis y Emilio Carrillo, para prestar declaración como había pedido la Fiscalía de la Audiencia Nacional después de un informe de conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) que a finales del año pasado, trazó el mapa de la supuesta actividad delictiva de Gaslow entre los años 2018 y 2021, cuando explotó la operación, de acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso ABC.

Esta causa es anterior e independiente tanto del caso Koldo como del conocido como caso Hidrocarburos, aunque se cruzan los caminos entre las tres. La principal vinculación está en la figura de Claudio Rivas, quien se asoció con Víctor de Aldama para introducir capital en sus restaurantes de Madrid y acabaría entablando con él otras relaciones mercantiles. Según consta en el sumario del caso Koldo, Aldama le gestionó a través de Koldo García una reunión en el Ministerio de Industria que finalmente tendría lugar en el de Transición Ecológica -se equivocaron de departamento competente- para que presentase su ambición de conseguir una licencia de operador de hidrocarburos para su empresa Villafuel.

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La tesis de los investigadores es que, por el camino, se habría encargado de costear a través de una empresaria con la que tenía relaciones en el negocio de fuel, un chalet en Cádiz para el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Cuando en el otoño de 2021 le denegaron la licencia y Ábalos había cesado ya en su cargo, ordenó que le desahuciaran. El exministro siempre ha sostenido que dejó aquella vivienda tras llegar a un acuerdo con la propiedad al cabo de varios meses sin pagarla, desvinculándolo por completo de los hidrocarburos o cualquier otra gestión en favor del comisionista.

En cualquier caso, esa propiedad era de la sociedad Have Got Time, que acabaría suspendiendo pagos y cuyas titulares, Carmen Pano y Leonor González Pano, fueron detenidas y puestas en libertad sobre la marcha hace unas semanas en el caso Hidrocarburos. La primera es la mujer que afirma que llevó a Víctor De Aldama dos bolsas con 90.000 euros en suma en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Villafuel acabó consiguiendo esa licencia de operador en 2022 y su aparición en la documentación intervenida en el caso Koldo desencadenó que acabase bajo la lupa de Anticorrupción y se abriese una investigación nueva. En octubre, tanto César de Rivas como Víctor de Aldama fueron detenidos en el caso Hidrocarburos. Los dos están ya en libertad y mientras al segundo le ha tocado declarar por el caso Koldo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, el primero está citado ahora por esa otra investigación, el 26 de febrero.

Según la UCO, formó parte del liderazgo de Gaslow en la tercera de las tres etapas que están siendo investigadas. Se le atribuyen delitos contra la Hacienda Pública por un fraude de 82,29 millones de euros con Gaslow y otros 44,8 millones de desfalco con la suministradora Keep it Save, ambos en el año 2020. Además, se le imputa un delito de blanqueo de capitales que ronda los 20 millones de euros y otro de organización criminal en calidad de líder.

En concreto, Rivas se habría hecho con el control de Gaslow a partir del dominio que ya tenía sobre una de las suministradoras. La UCO le sitúa como líder del grupo que integraban también De Gregorio LLopis, Carrilo y Manuel Salles. Y él es el segundo cruce de esta causa con el caso Koldo, puesto que dio trabajo a Koldo García en una de sus empresas, Instalibero District, una vez había salido ya del Ministerio de Transportes. De acuerdo a las conclusiones de los investigadores, le estuvo pagando entre enero de 2022 y septiembre del mismo año. La cuantía total ascendió a algo más de 20.416,67 euros.

El propio Koldo García fue interrogado por este asunto cuando prestó declaración imputado en el Supremo. «Si es la empresa del señor Manel, recibí tres nóminas», señaló, tras aclarar la confusión porque no recordaba el nombre de la compañía.

Fuentes de su entorno explican a ABC que se le contrató con el objetivo de abrir mercado y encontrar negocios de interés para Salles, que buscaba inversiones, si bien no concretan de qué tipo. Subrayan que la relación fue breve y que García dejó aquella empresa porque no le acababa de convencer. En su escrito de aportación de información al Supremo, Víctor de Aldama hablaba de este asunto y vinculaba a Manuel Selles con otro de los investigados en el caso, Israel Pilar, cuya consultora recibió un contrato de Correos.

En el sumario del caso Koldo, aparece enviando un mensaje que con el título «peor imposible», reprocha la actuación de los demás en lo que se intuye, era un plan conjunto. «Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovechéis el viaje que el grupo que represento ha tenido a bien subvencionar», les dice.

«Analizando el proyecto, me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura», añade. Y deja un comentario más que mete en la ecuación directamente a Rivas y Aldama: «Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento». Era enero de 2022, la fecha en que Koldo García entró en su empresa.

Ahora, tendrá que acudir como Rivas, De Gregorio y Carrillo a declarar por la trama de Gaslow. La mecánica es muy similar a la que se ha detectado en otras causas sobre fraude con hidrocarburos -se celebraron cuatro juicios de este tipo en la Audiencia Nacional el año pasado y hay tres causas abiertas aún-.

Se trata de una estructura en tres eslabones. El primero es el de las operadoras, que cuentan con una licencia expedida por el Gobierno a partir de una serie de requisitos de obligado cumplimiento. Ellas trabajan en el depósito fiscal y así, están exentas de IVA cuando venden el fuel al segundo eslabón, las suministradoras. Estas venden a las comercializadoras o a las gasolineras directamente el combustible y sí tienen obligación de pagar el IVA.

Según la Guardia Civil, en la trama Gaslow las suministradoras son sociedades instrumentales tituladas por testaferros que no pagan el impuesto, de modo que ese 21% que se ahorran les sirve como «margen comercial», lo que les permite bajar el precio del fuel muy por debajo del de mercado. En toda la cadena, tanto desde la operadora como en las suministradoras y en las propias comercializadoras que, a su vez, proveen a las gasolineras, está el mismo puñado de imputados, de ahí que sus beneficios sean astronómicos.

«Es importante apuntar que, en todo este proceso, no se produce una transferencia física del combustible por cada supuesta compraventa, sino que el producto va directamente desde el depósito fiscal a la gasolinera. Es decir, es un alargamiento artificial de la cadena comercial, en el que todos los eslabones son controlados por la propia organización y que busca, por medios delictivos, bajar el precio del carburante que las operadoras introducen en el mercado. O, dicho de otra manera, el fraude es realmente simple, pues consiste en interponer una sociedad instrumental en la mitad de la cadena para que no pague el IVA y, de esta manera, poder vender el producto hasta un 21% más barato», resume la UCO.