El socio de Aldama que pagó el chalet en Cádiz a Ábalos defraudó 45 millones a Hacienda

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 investiga a Rivas y Aldama -el comisionista del caso Koldo- por un supuesto fraude de 182 millones de euros en una operación de hidrocarburos. Los investigadores imputan a Rivas, como responsable de la suministradora Keep it Save, un fraude al erario público de 44.866.404,66 euros.

A través de dicha compañía, le consideran responsable de blanqueo mediante la emisión de fondos en un entramado societario propio de 12,9 millones de euros; la adquisición de criptomonedas por 1,4 millones de euros; la emisión de fondos al extranjero por 3,3 millones y retiradas de efectivo de 2,8 millones de euros. Precisamente, según recuerda la Guardia Civil en el citado informe, a Rivas le constan «numerosos antecedentes policiales por supuestos delitos de estafa, defraudación de fluido eléctrico y varios señalamientos».

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La operativa investigada funcionaba de la siguiente manera, según la Guardia Civil: la trama habría creado una estructura societaria compuesta por una serie de eslabones (operadoras-suministradoras-comercializadoras) en los que, en cada uno de ellos, «la organización criminal dispuso varias empresas instrumentales que aparentaban estar desligadas entre ellas. Sin embargo, eran controladas y dirigidas por los investigados». En esa cadena comercial de tres eslabones, las mercantiles que se interponen -las suministradoras- «son sociedades instrumentales tituladas por testaferros sobre las que se hace recaer el impago del IVA, de tal forma que las operadoras venden a estas mercantiles y éstas, con cargo al impuesto que no van a abonar a la AEAT, bajan el precio del producto para vendérselo, bien a las comercializadoras, o bien directamente a minoristas (gasolineras)».

La compañía de Rivas, Keep it Save, se encontraría entre las suministradoras instrumentales, las que supuestamente «venden el producto fuera del depósito fiscal y, en consecuencia, deben recaudar el IVA que les abonen sus clientes». Ese porcentaje de IVA (21%), dado que no lo abonarían a la AEAT, lo utilizaban como «margen comercial, pudiendo bajar el precio del hidrocarburo y venderlo a las propias comercializadoras de la organización o directamente a los minoristas a precios menores que el resto del mercado. Utilizando este artificio, incrementaban ostensiblemente las ventas de las operadoras, generándose, en consecuencia, un fraude millonario de IVA en las suministradoras», explican los investigadores.

Los agentes aclaran que «el fraude es realmente simple, pues consiste en interponer una sociedad instrumental en la mitad de la cadena para que no pague el IVA y, de esta manera, poder vender el producto hasta un 21% más barato».

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El caso Koldo, con el exministro Ábalos ya a un paso de la imputación, y el de los hidrocarburos, ambos instruidos en la Audiencia Nacional en base a informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, convergen en un punto, aquél en el que Claudio Rivas accedió a pagar, supuestamente, una vivienda en la localidad gaditana de La Alcaidesa al ministro Ábalos a cambio de conseguir una reunión en el Ministerio de Industria para que la compañía Villafuel consiguiera la licencia operativa.

Según un informe de la UCO en el que el juez Ismael Moreno se basó ayer para solicitar al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos, los mensajes de 'Whatsapp' intervenidos a Aldama y a Koldo García, el exasesor de Ábalos, demostrarían que el empresario y comisionista se valió de Claudio Rivas y su estructura societaria Have Got Time para ejecutar la compra del inmueble. A finales de diciembre de 2020, mientras el propio Ábalos habría seleccionado el chalet con ayuda de su asesor, Aldama orquestó con Koldo García una entrevista con el director de gabinete del Ministerio de Industria para que recibiera a Rivas. La Guardia Civil concluye que «tras valerse Aldama de Claudio Rivas para la compra del inmueble, «se consuma la misma el día 10 de junio de 2021, a través de Claudio y de Have Got Time». Para los investigadores, «existen múltiples evidencias, al menos hasta octubre de 2021, que confirmarían el uso real de la misma por parte de José Luis Ábalos, llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma».

Ábalos fue cesado en julio de 2021 y, en diciembre, Have Got Time le envió un burofax reclamándole los pagos de las últimas mensualidades. Enseguida, Koldo García contactó con Aldama y se quejó de la reclamación de la compañía de Rivas. Para los investigadores, «se colige que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser Ábalos, sino el propio Aldama a través de alguien de su esfera de control».