La UCO detiene a la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE

Asimismo, los agentes del Instituto Armado han practicado registros este lunes en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo, siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga bajo secreto un supuesto fraude de 182 millones de euros en el IVA de combustible.

A los cuatro detenidos se les relaciona con estructuras societarias presuntamente vinculadas a los delitos fiscales y el blanqueo de capitales bajo el foco. Cabe recordar que los investigadores detectaron transferencias al exterior de Aldama y sus socios por importe de más de 73 millones de euros a Portugal, Colombia y China.

A primera hora de la mañana la Guardia Civil ha activado un amplio despliegue en Calatayud (Zaragoza). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana e incluso con la presencia del servicio cinológico, se personaron en la sede social de un conocido empresario del municipio y socio de Víctor Aldama, Luis Alberto Escolano, quien mantenía contactos con el propio Aldama y el chat de los llamados 'cuatro mosqueteros' que figura en el sumario del caso Koldo por las que se imputó al presidente del Zamora C.F. Según la Guardia Civil, Escolano fue el encargado de pagar el alquiler del piso en el que vivía en Madrid la novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los agentes también han practicado registros en Madrid, Sevilla y Toledo.

Este dispositivo policial se ha producido en el mismo momento en el que Aldama declaraba como investigado en el Tribunal Supremo por otra causa que despierta aún mayor expectación, la del llamado caso Koldo, y en la que ha reconocido haber sido comisionista en favor del exministro José Luis Ábalos y su propio exasesor en el Ministerio de Fomento, primero, Transportes después, Koldo García.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el caso Koldo, mientras que Rivas permanece en prisión provisional.

El instructor sitúa a ambos como responsables de la presunta organización criminal, y como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.