El empresario que denuncia a Pisarello y Asens: «No tengo miedo, lo perdí todo»

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, tiene sobre la mesa desde mediados de septiembre una querella por amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude funcionarial, prevaricación, cohecho pasivo y financiación ilegal de partido político de Medina contra Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Eloi Badia y Marta Carranza, cuando los cuatro –vinculados a los comunes catalanes– eran los responsables de la empresa municipal que gestiona el Estado Olímpico.

Medina (que reunió a través de pequeños y medianos inversores y créditos bancarios aceptados más de 16 millones de euros) firmó con Barcelona de Servicios Municipales (B:SM), al final del mandato de Xavier Trias (CiU), un contrato para explotar el Estadio Olímpico y zonas de alrededor con una iniciativa única en el mundo: un parque temático dedicado al deporte. Se sumaron al proyecto grandes 'partners' como Movistar, Samsung, Coca-Cola y, entre otros, Microsoft.

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Pero en 2015 los comunes de Ada Colau se hicieron con el Ayuntamiento de Barcelona y el proyecto Open Camp se convirtió en un infierno para Medina y el resto de inversores. En el programa electoral de los comunes se especificaba que entre sus objetivos estaba el cierre de la iniciativa, como otras que también dinamizaban la ciudad, porque no encajaban en el proyecto ideológico que tenían para Barcelona. Poco importó, visto con el tiempo, la seguridad jurídica, por ejemplo. Se forzó a Medina, según defiende el empresario en la querella consultada por este diario, a incumplir el contrato hasta ahogarlo económicamente.

El texto que analiza el Supremo (a pesar de que la Fiscalía considera que no hay indicios de delitos) es minucioso y recoge las supuestas amenazas, coacciones y extorsiones. Y también lo que Medina considera financiación ilegal de partido político al obligarle a pagar una exposición organizada por la fundación vinculada a los comunes. La exposición fue sobre la Olimpiada Popular de 1936, que no tenía nada que ver con la iniciativa de Open Camp.

El empresario, que es el único de todos los inversores del proyecto (de un total de 24) que se ha atrevido a acudir a la Justicia y que, prácticamente, la ha redactado él mismo (de ahí que haya tardado tres años en presentarla sin contar la pandemia), también denuncia que el binomio Pisarello-Asens y sus acólitos le obligaron a cambiar de empresa de contratación de trabajadores. «Nos dijeron, lo tenéis que hacer con la empresa que yo os diga, para contratar a la gente de mi zona y la gente que yo te diga», apunta. Y pasaron de trabajar con Randstad a hacerlo con Barcelona Activa.

Pero eso tampoco importó mucho a los responsables de B:SM pues, al final, los alrededor de 280 trabajadores que movía el proyecto se fueron al paro. Los comunes hicieron oídos sordos incluso a UGT, CC.OO. y CGT, que lamentaron el cierre del parque temático por las injerencias de las autoridades del Ayuntamiento para que el proyecto desapareciera de la oferta de ocio. Medina defiende que Open Camp era viable y que, tan solo, con dejarle cumplir el contrato firmado no se habría despedido a nadie y el Consistorio hubiera ingresado, cada año, un millón de euros por la cesión del Estadio Olímpico y entre un 5,5 y un 6% de la recaudación por la venta de las entradas.

La venta de entradas o, para ser más exactos, la imposibilidad de vender entradas, fue lo que, finalmente, obligó al cierre. A pesar de los 'pagos' descritos y otros que se citan en la querella, Medina trató de mantener con vida la iniciativa, que estuvo abierta un año entre junio de 2016 y julio de 2017. Pero los cuatro denunciados forzaron a la empresa a permitir el acceso gratuito al Estadio («las llaves solo las tenía B:SM»), dejando solo como zona de pago una pequeña parte del parque. El objetivo de los comunes era cerrar el parque temático y nada mejor para ello que cortar el grifo de la facturación. Fueron los años del fomento de la turismofobia desde el consistorio.

A través de la Puerta Maratón se permitía el acceso libre al parque. Cualquiera podía evitar pagar los 28 euros de la entrada y acceder a Open Camp. Algo más de un millón de personas se acercaron hasta el Olímpico entre 2016 y 2017. Solo 128.318 abonaron la entrada. El 88,3% de los visitantes entraron gratis. El fiasco empresarial fue total.

¿Por qué ningún empresario o afectado le acompaña en la querella? «Soy consciente de que, en este país, el empresariado acepta estas cosas porque tiene otros intereses y puede programar que perder este dinero lo da por descontado, porque lo recuperará por otro lado; pero, en mi caso, no tengo miedo, soy un pequeño empresario, creo que la valentía forma parte de una actitud ética del ciudadano responsable que denuncia estas cosas y ya lo he perdido todo», responde Medina.