Piden seis años de cárcel para Mónica Oltra en la causa sobre la gestión de los abusos a una menor

La que fue dirigente de Compromís era en el momento de los hechos, entre 2016 y 2017, la máxima responsable de la política de menores y estaba casada con el agresor. Luis Ramírez, monitor en la residencia en la que vivía la víctima, cumple condena en prisión.

La asociación Gobierna-Te, liderada por Cristina Seguí y personada en la causa penal, considera a Oltra y otros once imputados -para quienes solicita las mismas penas- responsables de los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento. Para una de la investigadas sólo reclama un año de cárcel por supuesto abandono de menores. Así consta en un escrito, consultado por ABC, dirigido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Oltra -que dimitió en 2022 y ahora ejerce como abogada- y otras catorce personas de su equipo están al borde de sentarse en el banquillo. El pasado mes de mayo, la Audiencia de Valencia excluyó del procedimiento a una de las imputadas y confirmó el procesamiento del resto de investigados, dos trabajadoras de la residencia concertada en la que se produjeron los hechos, ex altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Una decisión esperada, pues fue la misma sección cuarta del órgano provincial quien ordenó reabrir la causa -en junio de 2024- en contra del criterio del fiscal y del juez instructor.

La víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, solicita tres años y medio de cárcel y doce de inhabilitación para la exvicepresidenta. Vox, que también ejerce la acción popular, suma dos años más a esa última cifra. La duda está en qué va a hacer la Fiscalía, pues también se pronunció en su momento a favor de archivar la causa abierta desde diciembre de 2021.

El relato sobre el presunto encubrimiento se remonta a 2017. El 20 de febrero de ese año, la menor de 14 años reveló los abusos -que venía padeciendo desde meses atrás- a personas de su confianza en el centro de acogida en el que residía. No dieron credibilidad a su testimonio tras elaborar un informe interno, por lo que tampoco se interpuso denuncia ni se hizo constar en el expediente que la Fiscalía tenía de la joven. En junio, la víctima recurrió a dos policías que se personaron en la residencia por otro motivo y los agentes dieron traslado al Ministerio Público, que empezó a requerir información a la Conselleria sobre lo ocurrido.

Pese a que convivía con el agresor, Mónica Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos cuando recibió la notificación de la orden de alejamiento en su casa el 4 de agosto. Es decir, por su condición personal y no por su cargo. Cuatro días después, con el caso ya judicializado, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos».