La Audiencia de Valencia deja al borde del banquillo a Mónica Oltra y a su equipo por la gestión de los abusos de su exmarido

En un auto fechado el 9 de mayo, al que ha accedido ABC, la Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos de apelación de seis investigados, ex altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con lo que se confirma el procesamiento de todos los imputados. La propia Oltra no recurrió ni se adhirió a los escritos de sus compañeros, pues fue la misma sección cuarta del órgano provincial quien ordenó reabrir la causa en contra del criterio del juez instructor, que ahora deberá fijar fecha para el juicio oral y determinar por qué delitos se les señala.

Oltra -entonces responsable de la política de menores autonómica- dimitió en junio de 2022 y actualmente ejerce como abogada. Su posible regreso a la primera línea queda, de nuevo, en suspenso, aunque la decisión de la Audiencia ha sido la esperada.

Los magistrados sí han aceptado el recurso de la que fue directora territorial de Igualdad en Castellón y Valencia Carmen Fenollosa, dejándola fuera del procedimiento. Su presunta participación en los hechos se acotaba a la celebración de la primera vista oral contra el agresor -Luis Ramírez Icardi cumple cinco años de cárcel- en 2019, cuando la menor fue conducida engrilletada a la declaración como víctima. Un episodio que «se excluye de toda relevancia criminal» y que no se incluyó en el auto de procesamiento de junio del año pasado.

El relato sobre el presunto encubrimiento se remonta a 2017. El 20 de febrero de ese año, la menor reveló los abusos -que venía padeciendo desde meses atrás- a personas de su confianza en el centro de acogida en el que residía. No dieron credibilidad a su testimonio tras elaborar un informe interno, por lo que tampoco se interpuso denuncia ni se hizo constar en el expediente que la Fiscalía tenía de la joven. En junio, la víctima recurrió a dos policías que se personaron en la residencia por otro motivo y los agentes dieron traslado al Ministerio Público, que empezó a requerir información a la Conselleria sobre lo ocurrido.

Pese a que convivía con el agresor, Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos cuando recibió la notificación de la orden de alejamiento en su casa el 4 de agosto. Es decir, por su condición personal y no por su cargo. Cuatro días después, con el caso ya judicializado, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos».

El juez que dirigió la investigación durante más de dos años -el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia- archivó el procedimiento con el beneplácito de la Fiscalía, en abril de 2024, al descartar indicios de delito. Sin embargo, se vio obligado a abrir procedimiento abreviado en junio por orden de la Audiencia Provincial, que consideró que no podía descartarse «la comisión de infracción penal».

Los magistrados entienden que «puede sostenerse como hipótesis plausible» que, cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria, se pretendió ocultarla y, más tarde, se intentó desacreditar el testimonio «o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor, una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial». El instructor dejó claro en su auto que reabría la causa «por imperativo legal», acatando la orden del órgano superior.

La víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, solicita tres años y medio de cárcel y doce de inhabilitación para Mónica Oltra. Vox -que suma dos años más a esa última cifra- y la asociación de Cristina Seguí ejercen la acusación popular. El procedimiento se abrió en diciembre de 2021, a raíz de la denuncia por la supuesta desprotección que había sufrido la niña -tenía entonces 14 años- por parte de quienes debían velar por ella. La duda está en qué va a hacer la Fiscalía, que también se pronunció en su momento a favor de archivar la causa.

Además de Oltra, el resto de investigados son miembros del gabinete o cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía desde 2015, además de dos trabajadoras del centro concertado Niño Jesús de Valencia en el que ocurrieron los abusos perpetrados por Icardi, que trabajaba como monitor en el mismo. En sus declaraciones en sede judicial, todos rechazaron haber recibido presiones para ocultar lo ocurrido y sostuvieron que actuaron conforme a los protocolos. El extenso análisis policial de los correos oficiales cruzados en el departamento autonómico en momentos clave de los hechos también terminó sin que se encontraran señales de encubrimiento.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial, la ex vicepresidenta valenciana ha subido un fotograma de la película 'El nombre de la rosa', a la red social X, en el que se puede ver al personaje del inquisidor, con el siguiente texto: «Derecho a acusar. Imagen gráfica».

Según fuentes de su entorno, así hace alusión al uso en el escrito, por parte de la Sala, del principio 'pro actione' «que hace prevalecer el derecho a acusar frente a la presunción de inocencia, que se usa en derecho administrativo pero no en el penal».