El tribunal rechaza la nulidad de los papeles que originaron el caso Erial en el inicio del juicio contra Zaplana

Zaplana está procesado por presuntamente tejer una red de colaboradores con la que desviar dinero procedente de mordidas al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España. Comisiones que habría obtenido por las concesiones de las ITV y los parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia no han admitido las peticiones de su defensa y argumentará a fondo sobre estos asuntos en su sentencia, al haber ya resoluciones anteriores -contrarias a estos requerimientos- del mismo organismo judicial. A estas solicitudes, formuladas en el trámite de cuestiones previas por el abogado Daniel Campos, se han adherido los letrados de la mayoría de acusados, aunque no todos, lo que podría abrir la puerta a pactos con la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público sostiene que la cifra total desviada a paraísos fiscales ascendería a 20.606.364 euros. Pide 19 años de cárcel para Zaplana -que siempre ha defendido su inocencia- y una multa de cuarenta millones. Entre el resto de enjuiciados está el exjefe del Consell José Luis Olivas o empresarios y amigos del círculo íntimo del exministro que supuestamente participaron en la trama.

El abogado del antiguo dirigente del PP ha pedido la nulidad de los papeles que dieron origen a la causa en 2015. Documentos que aparecieron durante un registro de la UCO al despacho de abogados del exgerente de Imelsa Marcos Benavent -autodenominado 'yonki del dinero'-, en el marco del caso Taula. Cinco hojas que le había entregado un ciudadano sirio tras encontrarlas, según su relato, en una casa alquilada en Valencia. La vivienda había sido años atrás propiedad de Eduardo Zaplana.

En esos documentos se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los «cohechadores» para ganar esas licitaciones. Esos papeles, «la malísimamente llamada hoja de ruta» del caso, ha aseverado Campos, se incautaron a pesar de ser documentación ajena a Taula, por lo que entiende que se llevó a cabo una investigación prospectiva. En ese sentido, ha considerado «aberrante» que se interfiriese en el derecho de defensa de los clientes de ese despacho de abogados. Además, «son muy posteriores en su propia confección a la venta de esa vivienda en 2006» y no aparece el nombre de Zaplana en ningún momento.

Por contra, el fiscal ha aseverado que esa documentación se incautó «con el consentimiento» de Benavent y sin «impedimento» en ningún momento procesal. Al mismo tiempo, ha incidido en que durante la detención del exministro también se incautaron documentos similares, por lo que «no es algo anormal».

El letrado Daniel Campos también ha defendido que es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien tiene la competencia para juzgar unos supuestos hechos que «se cometieron básicamente en el extranjero», donde se hallaron las sociedades investigadas. «No tengo ninguna razón para salir a un tribunal más duro», ha asegurado Campos. De no resolverse el conflicto de competencias planteado, a su parecer, el procedimiento podría acabar en nulidad.

No obstante, ya en instrucción, tanto la Fiscalía como la propia Audiencia rechazaron esa argumentación, pues consideran que los supuestos ilícitos se cometieron desde Valencia, con independencia de que para ello se valieran de cuentas en paraísos fiscales. Así lo ha vuelto a hacer este jueves el fiscal Pablo Ponce: «Aquí es donde se conciertan para la adjudicación predeterminada de esas contrataciones públicas» que derivaron en las transferencias al extranjero y, además «parte del dinero retorna a España». El delito principal -cohecho, que además tiene asignada la mayor pena- se cometió en Valencia y el resto son accesorios, ha zanjado Ponce.

Por otro lado, tanto la defensa de Zaplana como la de Olivas han señalado que no saben por qué se acusa de falsedad y prevaricación a sus representados, que no tenían «la más mínima competencia» para dictar resoluciones en las adjudicaciones bajo sospecha. Esa «indefinición» de las imputaciones que realiza la acusación pública vulnera su derecho a defenderse con pruebas. Sin embargo, el fiscal ha aseverado que su escrito está «perfectamente definido».

Daniel Campos también ha puesto el foco en que Zaplana fue interrogado en 2018 y no se le ha vuelto a tomar declaración sobre los hechos que iban apareciendo durante la investigación. Asimismo, ha recordado que, durante el proceso, se han vulnerado derechos fundamentales de los investigados -tal y como apuntó el Constitucional- por la falta de acceso a la información que justificaba los ingresos en prisión de los investigados para poder recurrir esa decisión judicial.

La vista oral, que se alargará durante cuarenta sesiones con la comparecencia de más de 200 testigos, se ha iniciado este jueves tras dos aplazamientos en una jornada reservada -al igual que la de este viernes- a las cuestiones previas. La declaración de Eduardo Zaplana está fijada para el próximo 9 de abril.

«Deseando que empiece», se ha limitado a decir el exjefe del Gobierno valenciano a su llegada a la Ciudad de la Justicia. El juicio debía haber comenzado el pasado 9 de enero, pero tuvo que retrasarse hasta el 1 de febrero por la baja médica del fiscal. Fue entonces cuando la Audiencia decidió posponer de nuevo la vista por la grave dolencia cardíaca que mantenía hospitalizado al abogado de Zaplana, que ha llevado su defensa desde que se le detuvo hace seis años. La complejidad de la causa, tras casi una década de instrucción, hacía inviable que un nuevo profesional se incorporara al procedimiento.

Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, tras pasar dos meses ingresado en el hospital La Fe para ser tratado de una leucemia. La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008.

Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

De todo el «dinero ilícito» -20.606.364 euros- que se estima que se movió, se han recuperado 6,7 millones intervenidos en las cuentas de los acusados en Suiza, gracias a la colaboración con la Fiscalía del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este supuesto fiduciario de Zaplana ha sido el testigo principal de la causa, al considerarse que manejó fondos sin saber que eran ilegales.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.