El caso Erial sienta a Zaplana en el banquillo: la Fiscalía pide 19 años de cárcel y el exministro defiende su inocencia

La Fiscalía sostiene que la cifra total desviada a paraísos fiscales «mediante operaciones de corrupción« ascendería a 20.606.364 euros. Pide 19 años de cárcel para Zaplana -que siempre ha defendido su inocencia- y una multa de cuarenta millones. En la causa están acusadas otras catorce personas. Entre ellas, el exjefe del Consell José Luis Olivas o empresarios y amigos del círculo íntimo del exministro que supuestamente participaron en la trama. Algunos de ellos buscan acuerdos de conformidad con el Ministerio Público. Anticorrupción les imputa supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

La vista, que se alargará durante cuarenta sesiones y en la que comparecerán más de 200 testigos, podría aplazarse de nuevo. Así lo ha solicitado Zaplana al tribunal tras sufrir su abogado un problema cardíaco por el que ha tenido que ser intervenido de urgencia. El calendario previsto inicialmente ya tuvo que modificarse en enero por la baja médica del fiscal. La Sección Cuarta ha decidido seguir adelante, aunque todo apunta a que el asunto se volverá a dirimir en la primera sesión del juicio, ante la complejidad de la instrucción y la indefensión que podría suponer para el principal acusado ponerse en manos de otro letrado.

La causa se originó en 2015 a raíz de la aparición de unos papeles durante un registro de la UCO al despacho de abogados del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, en el marco del caso Taula. Cinco hojas que le había entregado un ciudadano sirio tras encontrarlas, según su relato, en una casa alquilada en Valencia. La vivienda había sido años atrás propiedad de Eduardo Zaplana.

En esos documentos se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los «cohechadores» para ganar esas licitaciones. Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, tras pasar dos meses ingresado en el hospital La Fe para ser tratado de una leucemia.

La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008. Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

De todo el «dinero ilícito» -20.606.364 euros- que se estima que se movió, se han recuperado 6,7 millones intervenidos en las cuentas de los acusados en Suiza, gracias a la colaboración con la Fiscalía del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este supuesto fiduciario de Zaplana, fue primero investigado como tal. Después pasó a ser el testigo principal de la causa, al considerarse que manejó fondos sin saber que eran ilegales.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.