El juicio del caso Erial se aplaza hasta marzo por la enfermedad del abogado de Zaplana: el exministro defiende «absolutamente» su inocencia

El abogado Daniel Campos comunicó la semana pasada que se encontraba hospitalizado por una grave dolencia cardíaca al tribunal, que no se había pronunciado todavía al respecto. La complejidad de la causa, tras casi una década de instrucción, hacía inviable que un nuevo profesional se incorporara a la defensa.

Una decisión que el magistrado presidente de la Sección Cuarta ha comunicado a los quince encausados este jueves, una vez sentados en el banquillo y justo antes de la primera sesión del juicio en la que tenían que tratarse las cuestiones previas. Ahora, el tribunal debe fijar un nuevo calendario que recoja las cuarenta jornadas previstas para esta macrocausa y la comparecencia de más de 200 testigos. El guion será el mismo, con distintas fechas, por lo que Zaplana declarará en la cuarta sesión.

Es la segunda vez que este proceso sufre un aplazamiento. El juicio debía haber comenzado el pasado 9 de enero, pero tuvo que retrasarse hasta el 1 de febrero por la baja médica del fiscal.

Eduardo Zaplana ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia media hora antes de la hora fijada por la Audiencia -las diez de la mañana- y sin hacer declaraciones, ante una gran expectación mediática. A su salida, cuestionado por los periodistas sobre si sigue defendiendo su inocencia, ha aseverado que «absolutamente». «Hoy no les puedo decir nada», ha señalado, al tiempo que ha apuntado que espera que este proceso termine «si Dios quiere, cuánto antes».

El exministro de Trabajo está procesado por presuntamente tejer una red de colaboradores con la que desviar dinero procedente de mordidas al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España. Comisiones que habría obtenido por las concesiones de las ITV y los parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía sostiene que la cifra total desviada a paraísos fiscales «mediante operaciones de corrupción» ascendería a 20.606.364 euros. Pide 19 años de cárcel para Zaplana y una multa de cuarenta millones. En la causa están acusadas otras catorce personas. Entre ellas, el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas o empresarios y amigos del círculo íntimo del exministro que supuestamente participaron en la trama. Algunos de ellos buscan acuerdos de conformidad con el Ministerio Público para eludir la cárcel. Anticorrupción les imputa supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

La causa se originó en 2015 a raíz de la aparición de unos papeles durante un registro de la UCO al despacho de abogados del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, en el marco del caso Taula. Cinco hojas que le había entregado un ciudadano sirio tras encontrarlas, según su relato, en una casa alquilada en Valencia. La vivienda había sido años atrás propiedad de Eduardo Zaplana.

En esos documentos se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los «cohechadores» para ganar esas licitaciones. Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, tras pasar dos meses ingresado en el hospital La Fe para ser tratado de una leucemia.

La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008. Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

De todo el «dinero ilícito» -20.606.364 euros- que se estima que se movió, se han recuperado 6,7 millones intervenidos en las cuentas de los acusados en Suiza, gracias a la colaboración con la Fiscalía del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este supuesto fiduciario de Zaplana, fue primero investigado como tal. Después pasó a ser el testigo principal de la causa, al considerarse que manejó fondos sin saber que eran ilegales.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.