Independentistas buscan apoyos en el Congreso para tumbar la ley de Mazón que entierra la inmersión lingüística en el Constitucional

Ese proceso ahora derogado de preferencia al valenciano sin capacidad de elegir la enseñanza en castellano -como ahora sí ofrece la normativa- se puso en marcha incluso en la zona sur de Alicante, la de mayor predominio castellanohablante, con argucias para inflar las horas lectivas o con una «aplicación lenta» y aplazada para superar las tensiones con las familias, tal como ha revelado un docente en ABC.

«Además de la actividad diaria de denuncia frente a los ataques contra los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, la Plataforma per la Llengua ha encabezado las movilizaciones en la Educación valenciana bajo el lema 'La llengua no es toca'», han destacado desde esta entidad en su web.

Y en ese contexto reivindicativo, han situado esta otra estrategia parlamentaria y judicial: «Hemos iniciado conversaciones con los grupos del Congreso para conseguir 50 votos que permitan llevar la ley educativa al Tribunal Constitucional».

En el ámbito autonómico, han presentado alegaciones (incluida una enmienda a la totalidad) a las nuevas normas -que dan libertad de elección de idioma para la enseñanza a las familias- además de «colaborar con los partidos de la oposición para proteger el valenciano en todas partes», es decir, han apoyado a los socialistas y Compromís, que ostentaban el poder de la Generalitat Valenciana en las dos anteriores legislaturas.

A su juicio, hay «ataques frontales contra el valenciano por parte del Ejecutivo de Carlos Mazón», como la rebaja del requisito lingüístico a los funcionarios -del título C1 al B1, menos exigente- o que la televisión autonómica À Punt emita también contenidos en castellano, tal como publicó ABC.

Esta «castellanización del País Valenciano», según su valoración y términos no oficiales, porque son las nuevas leyes (la educativa y la del ente audiovisual) «el valenciano pierde peso y prestigio respecto al castellano». Además, el denominado Plan Simplifica para reducir burocracia y agilizar los trámites «también busca marginar la lengua propia», tal como critican en su web.

En definitiva, esta organización reclama que el trato con los funcionarios se entable en valenciano exclusivamente y que la Administración siempre se dirija a los ciudadanos primero en ese idioma y no en castellano, aunque ambos sean oficiales.

En el caso de Compromís, ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa, aprobada hace unos meses por PP y Vox en las Cortes Valencianas. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso, con el plazo abierto hasta final de este mes.

La coalición valencianista ha adoptado esta decisión tras recibir un informe jurídico «demoledor» que encargó sobre esta ley en el que se expone que «tritura» la legislación estatal y que «pedagógicamente no tiene ningún criterio», según han anunciado su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y su portavoz de Educación, Gerard Fullana.

En concreto, el informe jurídico encargado por Compromís señala que la «libertad educativa» es un concepto abordado por derechos constitucionales, que el programa de lenguas vehiculares incluido en la norma «impedirá que la gran mayoría de alumnos adquiera un pleno dominio de valenciano» y que la ley «no justifica por qué se debe realizar una adecuación lingüística individual».

Otros argumentos del informe -según Compromís- son que la ley «elimina el derecho de los alumnos de la zona de predominio lingüístico castellano a aprender en valenciano», a pesar de que hay libertad de escoger una u otra. O también que -a su juicio- elegir la lengua en los exámenes «atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos y margina al profesorado en la evaluación«.

Finalmente, opinan que eliminar el requisito lingüístico para los docentes «genera un conflicto que confronta con los derechos lingüísticos de los ciudadanos» y «otorga un derechopreferente» a obtener destino a funcionarios destinados en otras autonomías.