La «aplicación lenta» de la inmersión lingüística en catalán a los castellanohablantes en Alicante

Como la Ley de Plurilingüismo -ahora derogada por el Ejecutivo de Carlos Mazón- establecía un límite máximo final de tiempo para su aplicación, los planes experimentales tenían como objetivo permitir que algunos centros optaran por adelantarse, nunca por retrasarlo.

No obstante, «la patraña fue hacer creer que eso se podía utilizar para retrasar», con el apaño de convencer a las familias de que votaran a favor en el Consejo Escolar para definir el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), porque a sus hijos no les aplicaría, ya que entraría en vigor en las siguientes promociones de alumnos, relata un profesor que vivió aquel proceso en la Vega Baja.

La tensión era creciente y palpable: esta comarca se convirtió en un polvorín contra las imposiciones idiomáticas en las aulas, con manifestaciones multitudinarias de miles de personas en Orihuela, entre otras ciudades.

«Los padres deliberaron en los Consejos Escolares sobre algo que no les iba a afectar a sus hijos, sino a los que vinieran detrás», abunda este profesor, que recuerda como paradigmático el caso de una madre que tras haberse mostrado como una «destacada promotora de la defensa de la libertad lingüística, cuando supo a través del director que lo que se votase en ese consejo escolar no iba a afectar a sus hijos, que iban a continuar la escolarización en castellano sin mayor problema, votó a favor para resultar más agradable a los ojos de la dirección del centro».

Con esta dinámica, se provocaba en la práctica una doble injusticia, una por ese egoísmo de sacrificar la libertad de elección de los alumnos de otras familias a cambio de quedar a salvo con los suyos. Y también porque «se estableció una segregación, ya que la oferta se hizo sólo a una comarca de predominio castellano, la Vega Baja, con el fin de dulcificar la ley y desactivar la respuesta de los padres que se preveía grande», analiza este docente.

Así fue, con esas protestas en las calles. Y el agravio vino porque esa propuesta de votar el sistema de alguna manera aplazado «no se hizo a las demás zonas, porque, a todo esto fue una oferta verbal, nunca por escrito: y de esta forma había castellanohablantes a los que se les permitía una aplicación lenta y a otros la fijada por la ley».

Como ejemplo, un alumno que estuviera en segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) el año que se aprobaron los pocos planes experimentales en Orihuela no tuvo nunca ninguna asignatura en valenciano hasta acabar el instituto. En cambio, otro adolescente del mismo curso, pero de la zona castellanohablante de Castellón, «vio que se le imponían asignaturas en valenciano e inglés a partir de la aprobación de los PLC y hasta que terminó Bachillerato».