En un repaso del «primer año de presidente marcado por la castellanización del País Valenciano», según el análisis de esta entidad, su balance de la gestión del dirigente popular sólo reconoce un «cambio positivo, pero modesto»: La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en julio y agosto del año pasado «sólo publicó en X un mensaje propio en valenciano», y desde septiembre hasta julio del presente ejercicio los difunde en ambas lenguas.
En contraste con ese escaso bagaje -a juicio de la Plataforma per la Llengua- se ha producido globalmente un «arrinconamiento sistemático de la lengua», principalmente por Ley de Libertad Educativa (que deja elegir a las familias el idioma en las aulas) y la de À Punt.
En el caso de este canal audiovisual con radio y televisión, consideran que «ya de por sí se margina» al valenciano, a pesar de que la programación se realiza en ese idioma y solamente algunos entrevistados hablan en castellano, y denuncian que «la propuesta del Ejecutivo presidido por Mazón abre la puerta a la inclusión de contenido en castellano y vulnera la misión de promoción del valenciano que hasta ahora ha tenido la televisión pública».
Es más, aseguran que «se trata de una nueva vulneración del Estatuto de Autonomía», debido a que «los poderes públicos están obligados legalmente a otorgar especial protección y respeto a la recuperación del valenciano».
Asimismo, señalan que el texto de esa ley para la Corporación audiovisual también incumple la Carta Europa de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un extremo que han desmentido entidades en defensa del castellano y contra las imposiciones como la alicantina Idiomas y Educación.
Acerca de la nueva normativa educativa que ya en parte va a aplicarse a partir de la semana que viene con el arranque del curso escolar, opinan en la ONG del catalán que «busca exterminar el valenciano», al no mantener las líneas de enseñanza en este idioma exclusivamente.
En cuanto al Plan de Simplificación Administrativa, constituye a su entender «el ataque más reciente contra el valenciano», porque «le resta peso al suprimir la obligación de la Administración de iniciar las comunicaciones en valenciano y reduce del C1 a un B1 el requisito mínimo del personal», este último detalle, en referencia a la exigencia del título idiomático para los funcionarios.
En este repaso, la Plataforma per la Llengua alude también a su participación en las manifestaciones celebradas desde la pasada primavera en contra de la política lingüística, junto a otras entidades que no identifica, pero que se declaran afines al nacionalismo y -en algunos casos- el independentismo.
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