Su fundamentación jurídica se basa en la Constitución española, en sentencias del Tribunal Constitucional, y en tratados internacionales ratificados por España. Y también se incluye argumentación de Defensores del Pueblo que ya se han pronunciado al respecto a sobre solicitudes de Hablamos Español en este ámbito.
Además, «invocando al derecho a participar en los asuntos públicos que consagra en artículo 23 de la Constitución Española», se adjuntan las peticiones firmadas de 100 usuarios de la Sanidad Pública de cada Comunidad Autónoma y de 1.000 de otras CCAA sin cooficialidad lingüística. Una cantidad de adhesiones simbólica, puesto que Hablamos Español cuenta con «muchas más», según su presidenta, Gloria Lago. También adjuntan pruebas gráficas de esa señalización deficiente, en un solo idioma.
Apelan a los «derechos civiles» de la población para su «libre circulación» en el territorio, lo que queda cuestionado por este »monolingüismo en lengua cooficial autonómica«, que también »supone un trato discriminatorio, vulnerador del artículo 14 de la Constitución», entre otros preceptos legales.
De esta forma, en Hablamos Español consideran que «la Administración Pública, a la hora de elaborar concretas políticas de normalización lingüística, ha de encontrar el punto justo de equilibrio entre las necesidades de fomentar y potenciar el uso oficial y social de la lengua cooficial de ámbito autonómico, y los derechos lingüísticos reconocidos a todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, sea cual sea su realidad idiomática».
Otras acciones de presión
De forma paralela al inicio de este procedimiento, llevarán a cabo «acciones de presión y concienciación« y una ronda de contactos con los responsables de Sanidad de estas autonomías.
«Nos hemos propuesto devolver el español a los hospitales y a los centros de salud. La exclusión del español de un ámbito tan sensible, es una buena muestra de lo absurdas y fanáticas que son las políticas lingüísticas llamadas normalizadoras, ¿hay algo más normal que poder trasladarte por tu país viendo la lengua oficial común en todos estos espacios?», ha afirmado la presidenta de la asociación.
En una evaluación del problema, según Hablamos Español, se aprecia que la eliminación del castellano de los espacios sanitarios sostenidos con fondos públicos es «casi absoluta en Galicia y Cataluña, está muy extendida en Baleares y va ganando terreno en la Comunidad Valenciana; por ahora se salvan Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca».
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete