Al tiempo que reivindican la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 40.000 firmas -el cuádruple del mínimo legal- en las Cortes Valencianas, ahora que la mayoría parlamentaria está en manos del PP y Vox, desde esta entidad advierten de la oposición de algunos docentes contra las medidas encaminadas a garantizar la libertad de elección de lengua vehicular para las familias de los alumnos.
«Desde Hablamos Español haremos todo lo posible para lograr una auténtica regeneración de la política lingüística en la Comunidad Valenciana y que esta comunidad sea un ejemplo para el resto de España en lo referente al respeto a la cooficialidad» de ambos idiomas (valenciano y castellano), se han comprometido.
No obstante, también señalan que «si el Gobierno autonómico está dispuesto a hacerlo, contará con nuestra ayuda, aunque no va a ser fácil, ya nos están advirtiendo los profesores de Hablamos Español sobre la actitud beligerante que está mostrando el sector más ideologizado del profesorado».
A pesar de este frente de rechazo, en la entidad que preside Gloria Lago se declaran convencidos de sus planteamientos saldrán adelante por fundamentos legales: «La argumentación basada en Derecho comparado y en principios democráticos está de nuestro lado».
En cuanto a esa parte de docentes que se muestran a favor de mantener las imposiciones del valenciano y la discriminación de los castellanohablantes, a juicio de Hablamos Español -y de otras plataformas y asociaciones- van a intentar realizar una auténtica «ingeniería social» a través de los denominados Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC).
Precisamente en la recientemente aprobada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el presente ejercicio de 2024, se contempla dar libertad a cada colegio e instituto para modificar o mantener su PLC, después de que se han suspendido algunos apartados de la controvertida Ley de Plurilingüismo.
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