El Gobierno de Mazón echa el freno a la inmersión lingüística

El primer paso ya está dado por su gabinete con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos –aprobada esta semana– y se enfoca a la situación que su conseller de Educación, José Antonio Rovira, considera más sangrante: que un alumno de una zona de predominio castellanohablante exento de aprender la asignatura de Valenciano esté obligado a aprender otras materias troncales como Matemáticas o Historia en ese idioma. No obstante y antes las críticas que ya suscitó este anuncio entre algunos sindicatos y también por parte de entidades nacionalistas que hablan de «discriminación» a estos escolares «de segunda», Rovira aseguró que su intención es que todos sin excepción estudien esta lengua cooficial.

Y para incentivarlo y no contentarse con declaraciones de intenciones, se va a expedir un título acreditativo al concluir la etapa educativa, una certificación que tendrá validez en el mercado laboral y, en especial, para ejercer la Función Pública. Precisamente algunos funcionarios, los docentes de FP en módulos que no se imparten en esta lengua (como Peluquería o mecánica del automóvil) dejarán de regirse por el requisito lingüístico y no necesitarán esa titulación para acceder a esos puestos de trabajo.

Estas novedades entrarán en vigor a partir del próximo curso y la segunda fase de este giro de 180 grados en la política lingüística en las aulas acometerá un cambio en profundidad de la Ley de Plurilingüismo ideada por Compromís y cuya derogación reclaman desde buena parte de las AMPA y otras asociación de familias y docentes. De hecho, este amplio sector de la sociedad demanda a Mazón la máxima celeridad para garantizar la libertad de elección de la lengua vehicular, en la que se imparte la enseñanza del grueso de las asignaturas.

El nuevo paradigma en el que parecen estar en sintonía los responsables de la Generalitat Valenciana y esta parte de la población se fundamenta en el carácter voluntario del aprendizaje desde el punto de vista idiomático, en lugar de las «imposiciones« frecuentes durante la anterior legislatura, sobre todo.

En cambio, el eje de esa etapa ha consistido en fijar cuotas de clases en valenciano ligadas también al inglés, si bien la falta de docentes con suficiente nivel fluido en esta otra lengua ha acabado por potenciar únicamente el catalán, ya que a fin de cuentas en el ideario nacionalista se trata de eso: en definitiva, la inmersión lingüística enmascara en realidad una sustitución del castellano. Hasta el punto de que en su día hubo quejas de que prácticamente se iba a espiar en qué idioma hablaban los alumnos en su ámbito privado. De ahí que la citada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos también haya incluido la eliminación de lo que Mazón consideraba la «Policía Lingüística» (oficialmente, la Oficina de Derechos Lingüísticos).

Otra misión que se ha autoimpuesto el nuevo gabinete de la Generalitat apunta a «descatalanizar el valenciano«, tal como lo expresó el conseller. Su voluntad apunta a recuperar términos usuales en la forma de hablar en la calle –no vulgarismos, siempre dentro de la normativa–, sin imponer, dejando libertad también para el uso de otros más habituales al norte del Ebro, pero que hasta ahora parecían los únicos correctos.

Como ejemplos, los demostrativos «eixe» o «eixa» en vez de «aquest» y «aquesta», igualmente válidos y aceptados, o el pronombre «lo», que parecía proscrito. Y para dar ejemplo, la Generalitat ha empezado ese proceso de normalización en su propio traductor oficial on-line. Algunas de las palabras rescatadas están documentadas desde el año 1600.