Es la respuesta de Mazón a la propuesta de Junts de que las compañías que salieron de Cataluña por el 'procés' puedan ser sancionadas si no regresan, al tiempo que prevén incentivos fiscales para las que vuelvan o se hayan quedado allí. Es una de las condiciones del partido de Carles Puigdemont para apoyar los decretos anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez.
El jefe del Consell ha cargado contra una idea que demuestra que «el nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión». «No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas», ha aseverado, por lo que en caso de que el Ejecutivo central acceda a los intereses del independentismo, la Abogacía de la Generalitat interpondrá «de inmediato» un recurso de inconstitucionalidad. Al respecto, Carlos Mazón no ha cerrado la puerta a coordinarse con otras autonomías.
Además de la defensa jurídica y la protección legal prometida, el Gobierno autonómico de PP y Vox pondrá en marcha «un plan de estabilización y apoyo» para las 974 compañías catalanas -como Caixabank y Banco Sabadell- que han trasladado su sede social a alguna de las tres provincias desde 2017. Mazón ha avanzado que en los últimos días ha mantenido un «intenso diálogo» personal con algunas de ellas, «muy relevantes» y no solo financieras, aunque no ha querido avanzar nombres. «Conversaciones muy fructíferas para su permanencia, desarrollo e incluso para la llegada de nuevas» mercantiles, ha añadido.
El PP lleva el asunto a las Cortes Valencianas
En la misma línea y tras un desayuno informativo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también ha prometido «proteger a toda empresa valenciana que se haya instalado aquí por todas las vías», ante una propuesta «claramente inconstitucional» que supone «saltarse todas las líneas rojas de nuestro país». «Estas empresas tienen todo nuestro respaldo, energía y capacidad legal», ha aseverado tras mostrarse «alarmada» por la idea de multar a las que no vuelvan a Cataluña.
En paralelo, el PP ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia en las Cortes Valencianas para instar al Gobierno central a que se respete «la libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado».
El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Barrachina, ha invitado este miércoles a la ministra de Ciencia, Diana Morant, al diputado Alejandro Soler y al expresidente de la Generalitat y senador, Ximo Puig, -los tres socialistas- a que se «manifiesten junto a los valencianos» en el Consejo de Ministros, el Congreso y el Senado y «digan 'no' a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas», en referencia a las medidas planteadas por Junts.
Puig ya se ha pronunciado sobre las mismas. El todavía líder del PSPV-PSOE ha aseverado que la propuesta de los de Puigdemont «no tiene ningún sentido ni razonabilidad» y es «imposible de hacer en el marco europeo».
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete