Gana 400.000 euros en el Cupón de la ONCE y tras dos años sin poder cobrar desiste del pleito por temor a las costas
La agraciada del Extra de Navidad denunció a la corporación social después de no poder percibir el premio porque lo reclamó su marido, inscrito en el registro estatal de adictos al juego
En busca del ganador de los 17 millones de euros de la ONCE: plazo para cobrar y qué pasa si nadie los reclama
Un cupón para cada uno de sus hijos, así lo mandaba Susana todos los años cuando se acercaba Año Nuevo. Con la ilusión de que tocara, por supuesto, pero sólo era un pretexto más para compartir momentos y acumular recuerdos juntos. Pese a ello, la dichosa fortuna eligió el 82.890, el número que le regaló a su hija Sandra, agraciado con 400.000 euros en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE. Sin embargo, la suerte se convirtió en desdicha y emprendió un largo camino judicial ahora sepultado, ya que no pudo cobrar el premio porque su marido, inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), fue a cobrarlo.
El caso de la valenciana Sandra Tuccelli, desvelado en exclusiva por ABC, cumple dos años situado en la misma posición del casillero de salida. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso, la agraciada ha desistido del litigio para cobrar el premio que la ONCE se resiste a pagar por temor a las costas. Informada de los gastos que podría ocasionar el procedimiento judicial en caso de desestimación íntegra de la demanda y, al no ser considerada beneficiaria de justicia gratuita (quien acredita insuficiencia de recursos para pleitear) decidió no continuar.
Durante este tiempo, la denunciante no ha recibido ninguna notificación a los requerimientos solicitados a la corporación social y ante el miedo de que la demanda fuera desestimada en los juzgados, ha optado por la vía de renunciar a los 400.000 euros que podrían haber cambiado su vida. De hecho, la ONCE no contestó al recurso de alzada presentado en abril de 2023, operando así el «silencio administrativo negativo», o lo que es lo mismo, la «inacción de la administración» que, pese a no serlo de manera estricta, tiene el mismo tratamiento al ser una corporación de derecho público, según fuentes consultadas.
No obstante, a pesar de todo, podría continuar el proceso si se decidiera retomar de nuevo en el futuro, aunque por el momento no se contempla dicha opción, ya que cabe recordar que la ONCE no ha perdido ningún caso semejante vinculado al sistema de autoprohibición de ludopatía.
Para hacer frente a la batalla judicial que iniciaron, según la información a la que pudo acceder este diario, tenían en su poder el reconocimiento documental de la quiosquera de uno de los puestos del Mercado Central de Valencia de haberle vendido el cupón premiado a la madre. «Yo sé que se lo vendí perfectamente a ella y voy donde haga falta», apuntó la vendedora en una conversación de WhatsApp adjuntada en la denuncia.
Por otro lado, el letrado de la agraciada solicitó en dos ocasiones las imágenes de las cámaras de seguridad de la Delegación de la ONCE en Valencia para demostrar que al marido «le pusieron el documento delante sin explicárselo y sin dejárselo leer», que después «le imposibilitaba cambiar de titular para cobrar el boleto». La asociación replicó que el sistema de videovigilancia se encontraba inactivo, a lo que respondieron con otra denuncia en la Agencia de Protección de Datos.
«No le explicaron nada. Le pusieron un montón de papeles encima unos de otros y le hicieron firmar sin leer la letra pequeña», explicó Sandra a ABC hace dos años sobre el momento crucial del cobro por parte de su esposo. Mediante este escrito, declaraba ser el titular del boleto «sin posibilidad de modificarlo más tarde», todo ello, según denunciaron, «a sabiendas» de que el esposo de la agraciada se encontraba inscrito en el registro estatal para autolimitar los juegos de azar a ludópatas reconocidos.
Por qué no paga la ONCE el premio
Desde la ONCE se ampararon en que el sistema de autoprohibición establece en el artículo 37.5 de su reglamento interno la suspensión del pago de un premio a aquellos perceptores inscritos en el RGIAJ: «La persona que acude a cobrar un cupón se le considera portadora, titular y depositaria del mismo», insistieron.
«En lo relativo a la verificación de su inclusión, se considerará tanto su estado en el momento de la verificación como el que tenía en el momento de adquisición del cupón, salvo prueba en contrario admitida en derecho aportada por el perceptor», por este motivo, según la organización, no se pudo proceder al pago, puesto que el sistema encargado de tramitarlo lo bloquea de manera automática al identificar al tenedor del boleto en el listado del RGIAJ.
No obstante, la ONCE mostró públicamente su comprensión con los agraciados y respeto por emprender las acciones legales pertinentes, aunque insistió en que la normativa estatal actual les impide entregárselo «como ellos desearían». «Su forma de actuar en todo momento ha sido de prepotencia y pasotismo, me llegaron a decir que no gastara el dinero en abogados, como se niegan a pagar un premio de 400.000 euros, me piden que no haga nada y pretenden que siga creyendo y jugando a sus sorteos», lamentó en su momento la premiada, que trabaja de camarera.
Quién se queda el premio
Según el mismo reglamento regulador, el premio se destinará a los fines sociales. El artículo 37 estipula las validaciones y controles oportunas para «asegurar la veracidad del premio», las cuales podrán «demorar el pago recogiendo el cupón premiado contra la entrega del oportuno justificante a su portador, debiendo devolverse dicho justificante en el momento de percibir el importe que corresponda». Así, si tras realizar las comprobaciones se constata, no abonará el correspondiente premio, cuyo importe se destinará a los fines sociales propios de la ONCE.
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