Los motivos por los que la ONCE se niega a pagar 400.000 euros a la ganadora de un cupón y quién se queda el dinero

«No hay ni un sólo día que no me acuerde del cupón», desvelaba este sábado la afectada a este periódico, seis meses después de iniciar la batalla judicial contra la Organización Nacional de Ciegos Españoles para cobrar el dinero del boleto que le regaló su madre el día de Año Nuevo. Según relata, «la esperanza es lo último que se pierde», pero se enfrenta a un lucha en los juzgados de difícil solución, ya que en todos los casos pretéritos siempre ha acabado de la misma manera: sin poder ser entregado.

En este escenario concreto, la ONCE bloqueó el pago de 400.000 euros correspondientes al cupón del Extra de Navidad que obraba en poder de Sandra porque la persona que fue a reclamarlo, su pareja, aparecía registrado en el listado del Ministerio de Consumo que controla la autoexclusión de personas con ludopatía en juegos de azar presenciales y online.

En detalle, según el artículo 37.5 del reglamento regulador de la entidad, los abonos de premios a perceptores inscritos en el RGIAJ «quedan suspendidos». La afectada explica que a su marido «no le explicaron la normativa y le hicieron firmar un montón de papeles sin poder leerlos». En uno de dichos documentos, el portador certificaba ser el tenedor del boleto y no poder cambiar dicha titularidad a posteriori.

Al respecto, fuentes de la ONCE confirman «a la persona que acude a cobrar un cupón se le considera portadora, titular y depositaria del mismo», por lo que, si se encontraba inscrito en el registro de autolimitación del juego, «deben cumplir la ley y no se le puede pagar».

Según detalla el mismo artículo, la organización podrá realizar «las validaciones y controles que considere oportunos para asegurar la veracidad del premio». Asimismo, «podrá demorar el pago recogiendo el cupón premiado contra la entrega del oportuno justificante a su portador, debiendo devolverse dicho justificante en el momento de percibir el importe que corresponda».

Respecto al destino del dinero no abonado, según recoge la misma ordenación, si tras llevar a cabo las pertinentes comprobaciones queda constatado que se encuentra inscrito en el RGIAJ, la ONCE «no abonará el correspondiente premio, cuyo importe se destinará a fines sociales propios».

Por todo ello, la entidad considera que «no pueden hacer más» al acogerse «a lo que les impone la norma estatal a nivel de juego responsable y certificación de juego seguro», por lo que deja en manos de la Justicia el posible pago del premio de los 400.000 euros a Sandra, que sigue soñando «con la vida que le podría dar a su hijo de seis años con ese dinero».