Denuncian a la ONCE por negarse a pagar un premio de 400.000 euros en Valencia

De acuerdo con el relato de los afectados, el cupón fue un regalo de la madre de la agraciada aprovechando el Extra de Navidad de la Once, cuyo sorteo repartió el mayor premio de la organización en la Comunidad Valenciana con 30 millones repartidos en 75 participaciones que se vendieron en el quiosco ubicado junto al Mercado Central de la capital del Turia.

Según los premiados, la ONCE se negó a abonar el premio a la exponente «haciéndole firmar un documento al marido de esta sin explicarle en qué consistía». Mediante este escrito, el demandante declaraba ser el titular «sin posibilidad de modificarlo más tarde», todo ello «a sabiendas de que el esposo de la agraciada se encontraba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RIAJ)».

Al respecto, fuentes de la delegación en la Comunidad Valenciana de la Organización Nacional de Ciegos Españoles confirman que fue este hombre quien intentó cobrar el premio, momento en el que automáticamente apareció en el historial su registro en el sistema de autoprohibición para personas que voluntariamente no desean ejercer sus derechos al libre acceso a los juegos de azar ofrecidos por cualquier empresa comercializadora.

Desde la ONCE aclaran a ABC que este registro bloquea directamente cualquier cobro de premios por parte de personas que se encuentren inscritos en él, sujetos a la normativa nacional sobre directrices del juego. Asimismo, se muestran comprensivos con la decisión de la familia de iniciar la vía judicial al entender que «es lógico que quieran cobrar tal suma de dinero», que, en todo caso, «deberá decidir la Justicia», pero que la ley no les permite abonárselo a una persona que se ha autoprohíbido participar en juegos de azar.

Por su parte, los abogados de los perjudicados, especializados en la Ley del Juego y Apuestas de Azar, aseveran que en el documento firmado se destaca que «una vez suscrita la declaración y entregado en depósito el cupón o boleto no se permitirá la modificación de la identidad o del número de los perceptores ni su sustitución por otros, por lo que antes de proceder a la firma deberá verificar la exactitud de los datos».

Asimismo, los afectados señalan que demostraron de manera documental la declaración de la vendedora de la ONCE asegurando que la persona que compró el cupón fue la madre de la premiada y no su padre, como mantienen desde la corporación.

Ante esta situación, opinan que «la ONCE no deja de operar como cualquier otra empresa de juego de azar, a pesar de otorgarle la Dirección General de Ordenación del Juego unos privilegios muy importantes por su personalidad jurídica de corporación de derecho público, sin embargo, podemos comprobar cómo la actuación final es idéntica a la de otras casas privadas de juego, que se intentan amparar en cualquier resquicio legal para no abonar los premios ganados».

¿Qué gana la ONCE al no pagar? De acuerdo con el artículo 37.5 de su reglamento se establece que estos importes irán destinados a fines sociales de la propia organización. Por ello, apuntan los abogados al «particular interés que tienen en no abonar premios», pues «este caso no es aislado, si bien uno de los de mayor cuantía», haciendo alusión a otros supuestos en los que la Justicia obligó a abonar finalmente premio.

El abogado Salvador Pérez Alonso concluye que «queda más que acreditado que esta es la práctica habitual de la ONCE, y es que si pueden encontrar cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente no van a dudar un momento en denegar el pago del premio, algo que dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro, extremo que obliga al titular del cupón agraciado a si quiere exigir el pago de su premio ganado legítimamente, incurrir en unos gastos judiciales, de los cuales la mayoría de personas por falta de información y por no tener posibilidades económicas, desechan la vía judicial».