Condenan a seis años y medio de prisión a un exalcalde de Santa Pola por prevaricación al favorecer a una clínica privada

La Audiencia de Alicante ha impuesto las mismas penas y por los mismos delitos (en el caso de la prevaricación como cooperadores necesarios) a los dos médicos que gestionaban este consultorio ubicado en un edificio de propiedad municipal en la urbanización del mismo nombre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV).

Igualmente, la sentencia establece una condena de dos años y tres meses de cárcel y una multa, como cómplice del delito de cohecho, para una trabajadora de la clínica que es a su vez hermana del que fuera alcalde y pareja del concejal condenado. La Sala ha absuelto en cambio a otros dos trabajadores del centro médico y a la concejal responsable de la urbanización.

El Tribunal considera probado que Miguel Z.F., alcalde entre 2003 y 2015, y Jorge P. A., concejal en los periodos 2003-2007 y 2011-2015, permitieron que la empresa Gran Alacant SL prestara servicio como clínica privada en un edificio municipal sin pagar cantidad alguna como renta por arrendamiento ni por los suministros de agua, luz, etcétera.

Tampoco le exigieron el abono de un canon anual ni otras obligaciones adquiridas en virtud de un contrato entre ambas partes, como el servicio de seguimiento de bajas por incapacidad temporal de funcionarios, entre otras irregularidades.

La Sala considera acreditado que los responsables políticos actuaron «de consuno» con los responsables de la clínica y se aprovecharon de su «posición como dirigentes del Ayuntamiento para obtener provecho» de la misma mediante la contratación de personas afines.

Entre esas personas figuraba una hermana del entonces alcalde y pareja a su vez del concejal condenado, quien dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo «consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello» y a la que la empresa siguió pagando su salario íntegro «a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales», recoge la resolución judicial.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, condena también como persona jurídica a Clínica Gran Alacant SL por delito continuado de cohecho a una inhabilitación para obtener ayudas y subvenciones, contratos en el sector público o beneficios fiscales o de Seguridad Social.

Del mismo modo, obliga a los dos exregidores y a los dos médicos condenados a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Santa Pola en la suma de 109.371 euros, de los que 13.022 ya han sido pagados por la empresa encausada.