Ximo Puig cobra 12.000 euros en dividendos del diario al que inyecta medio millón en publicidad

La controversia viene de largo. El presidente del Gobierno autonómico posee desde los años 80 acciones en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo (diario líder en Castellón). El origen, según ha detallado estos días -y que nunca fue ocultado por su parte-, es de su etapa de trabajador en este medio. Después de ser despedido, invirtió ahí el dinero de la indemnización junto a otros compañeros para tratar de convertirlo a una línea «progresista».

Pasó el tiempo y mantuvo las acciones cuando fue ascendiendo en el partido hasta ser secretario general del PSPV-PSOE y, posteriormente, presidente de la Generalitat. Actualmente las declara por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total).

La cuestión de por sí no resulta de gran gravedad pese a cierto cuestionamiento estético -un político con acciones de un medio-, pero los acontecimientos recientes han acabado por complicarla. El Grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, ha sido adquirido por Prensa Ibérica -en el que se encuentran otros diarios como Levante-EMV o Información-, conformando de este modo el grupo mediático más importante de la Comunidad Valenciana. Grupo en el que Puig, por tanto, es socio.

Esa compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que el banco público pudo realizar gracias a un decreto aprobado el pasado marzo por el Gobierno autonómico -conformado por PSPV y Compromís- que permitía hacer quitas sobre acreedores. El texto, que salió adelante en pleno por unanimidad -incluyendo el apoyo expreso del propio Puig- posibilitaba, igualmente, aplicarlo de forma retroactiva a las operaciones que ya se encontraran en trámite.

Escasas jornadas posteriores tenía lugar la mencionada quita. Curiosamente, la única que se ha realizado hasta el momento a la espera de otras a la vista según ha asegurado el director del banco público valenciano, Manuel Illueca.

Aunque el presidente de la Generalitat ha tratado de justificar esta conexión de hechos y ha destacado que nunca se ha beneficiado, en 2016 y 2017 -estando al frente del Ejecutivo valenciano- ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe de alrededor de 12.000 euros , conforme consta en su declaración de bienes disponible en el Portal de Transparencia.

Cantidades que ha cobrado de un medio (Mediterráneo) al cual, desde el Gobierno del que es responsable, se ha otorgado más de medio millón de euros en publicidad durante los últimos año, la mayoría desde Presidencia (al grupo han sido casi 1,7 millones).

Puig ha reiterado durante estos días en los que se ha intensificado la polémica que esas acciones son su único patrimonio . «Si nunca me hubieran despedido, nunca hubiera tenido que cobrar esa indemnización porque hubo en aquel momento una actuación política de persecución y nos echaron a una serie de periodistas que después participamos en la compra del periódico cuando finalmente fue privatizado a través de una sociedad», dijo ayer. A lo cual añadió que nunca fue socio del grupo Zeta y que tampoco tuvo nada que ver en la acción del IVF. «Es una situación en la hay interés mediático y político por desgastar al presidente», zanjó.

Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra señaló tras el pleno del Consell que el decreto que aprobaron en marzo era «genérico» y no específico para la operación del IVF, por lo que no entiende que exista conflicto de intereses. Una reflexión que se diferencia de la que Compromís realiza en privado , donde reconoce que genera muchas dudas. Comentó asimismo que Puig está dispuesto a comparecer en el Parlamento valenciano para dar explicaciones, aunque él no ha aclarado cuándo.

Mientras, PP y Ciudadanos ha solicitado que acuda a las Cortes y estudian si acudirán a la justicia.