Las claves de la operación pública que ha beneficiado a un grupo mediático del que Ximo Puig es accionista

La controversia no es totalmente novedosa. Como ha publicado «El Economista», Puig posee desde hace varias décadas acciones en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo (diario líder en Castellón). Y las mantuvo cuando pasó a ser secretario general del PSPV y, posteriormente, presidente de la Generalitat, declarándolas actualmente por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total) .

En los dos últimos años, Puig ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe de 12.000 euros , conforme consta en la información disponible en e l Portal de Transparencia de la Generalitat.

La cuestión de por sí no resulta grave más allá de lo estético -un político con acciones de un medio-, pero la conexión con acontecimientos recientes la complica. El Grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, ha sido adquirido por Prensa Ibérica -en el que se encuentran otros diarios como Levante-EMV o Información-, conformando de este modo el grupo mediático más importante de la Comunidad. Grupo en el que el presidente de la Generalitat, por tanto, es socio y que, además, es el que más publicidad institucional recibe del Ejecutivo (casi 1,7 millones).

Esa compra del grupo Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. A todo ello se añade que la entidad pudo pasar a hacer quitas sobre acreedores en base a un decreto regulador aprobado por el Consell el pasado marzo, que -como ha informado eldiario.es- se votó en pleno de Gobierno y salió adelante por unanimidad, incluyendo el apoyo del propio Puig. Sólo pocos días después tenía lugar la mencionada quita.

El director del banco público valenciano ha descartado este miércoles en rueda de prensa que se trate de causa-efecto. Sin embargo, sí ha admitido que el acuerdo con Prensa Ibérica estaba condicionado por ese decreto y que a día de hoy la única quita que se ha realizado es la concerniente a este asunto (a la espera, ha destacado, de otras a la vista).

Sobre si el IVF tenía conocimiento de que Puig era accionista del periódico Mediterráneo, Illueca se ha desentendido y ha asegurado que lo desconocía . Aun así, ha confesado que el presidente de la Generalitat se interesó por los movimientos y le preguntó «cuánto dinero se nos debe, cómo está la cosa». A lo que él le comentó que el grupo Zeta «estaba mal» y tenía «una situación complicada».

El PP ha advertido de que va a revisar las actas del pleno del Consell donde se alcanzaron estos acuerdos en los que pudo participar Puig y ha pedido copia completa del expediente de esa condonación, al considerar que se trata de algo que no es «ni ético ni estético».

Por su parte, Ciudadanos ha registrado varias preguntas parlamentarias para que la Generalitat manifieste si ve «ético» que Puig sea accionista del «mayor grupo mediático y de comunicación» de la Comunidad y que explique los motivos que justifican el beneficio al Grupo Zeta al condonar la deuda.

A la polémica por estos hechos se suma otra relacionada igualmente por subvenciones. El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se encuentra investigando las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas vinculadas al hermano de Puig : Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports. Según una querella del PP, ambas han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 sin ningún tipo de control.