Compromís, enojado por la falta de información sobre el decreto que benefició al medio del que Puig es socio

La sucesión de hechos hasta el momento es la siguiente: el presidente de la Generalitat posee desde hace varias décadas acciones en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo (diario líder en Castellón), las cuales mantuvo cuando pasó a ser secretario general del PSPV y, posteriormente, jefe del Consell, declarándolas actualmente por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total).

En los dos últimos años, Puig ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe de 12.000 euros, conforme consta en la información disponible en e l Portal de Transparencia de la Generalitat .

Recientemenete, el Grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, ha sido adquirido por Prensa Ibérica -en el que se encuentran otros diarios como Levante-EMV o Información-, conformando de este modo el grupo mediático más importante de la Comunidad Valenciana. Grupo en el que Puig, por tanto, es socio y que, además, es el que más publicidad institucional recibe del Ejecutivo (casi 1,7 millones).

Esa compra del grupo Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. A todo ello se añade que la entidad pudo pasar a hacer quitas sobre acreedores en base a un decreto regulador aprobado por el Consell el pasado marzo, que se votó en pleno de Gobierno y salió adelante por unanimidad, incluyendo el apoyo del propio Puig. Sólo pocos días después tenía lugar la mencionada quita.

El director del banco público valenciano descartaba este miércoles en rueda de prensa que se tratara de causa-efecto, pero admitía que el acuerdo con Prensa Ibérica estaba condicionado por ese decreto y que a día de hoy la única quita que se ha realizado es la concerniente a este asunto (a la espera, destacaba, de otras a la vista).

Por su parte, Puig trataba de salir ayer al paso afirmando que nunca ha participado en Zeta ni ha tenido nada que ver con ese grupo, el cual es un accionista mayoritario de Mediterráneo mientras él representa el 1%. Igualmente, señalaba que «no es cierto» que se haya hecho una intervención por parte del IVF sobre una empresa en la que él participe, pese a que el propio banco público valenciano indicaba que la deuda sí era de Pecsa .

Todas estas explicaciones no parece que estén satisfaciendo lo suficiente a Compromís . La coalición observa el devenir de los acontecimientos con bastante asombro y con enojo. El enfado se debe especialmente al pleno del Consell celebrado en marzo. En él todos los miembros -entre ellos los de la coalición- votaron a favor del decreto que permitía al IVF realizar condonaciones de deuda y que escasas jornadas posteriores facilitaba la quita al grupo Zeta.

Aunque no pretenden concluir de primeras que se trató de un decreto creado expresamente para ello, reconocen que «huele mal». «Nunca supimos que podía ser para eso» , señalan desde Compromís, que recuerdan que fue en plena campaña electoral de abril cuando se enteraron de lo que ocurrió después. Tampoco se atreven a pronunciar la palabra «engaño», pero consideran que hubo falta de información al respecto.

Muestran igualmente su extrañeza sobre el hecho de que Puig estuviera presente en ese pleno y votara en una cuestión que podría generar conflicto de intereses. De hecho, el presidente de la Generalitat, según consta en las actas, se ha ausentado en más de una reunión en la que se concedían licencias de TDT que afectaban a medios de su hermano precisamente por este motivo.

La coalición aprovecha para insistir sobre el control de la publicidad institucional , que trataron de que pasara a ser competencia suya (y no del PSPV, como finalmente se ha mantenido) en las recientes negociaciones para conformar el Consell. De hecho, ha sido una de sus batallas al no ver con buenos ojos el uso que están haciendo los socialistas de ese dinero.

La distribución de estas ayudas es criticada también por Podemos, que defiende que se establezcan «normas rigurosas sobre la adjudicación y la transparencia». Los morados, que forman parte del Gobierno esta legislatura por primera vez, piden tibiamente a Puig que justifique todos estos hechos: «Dejamos al presidente de la Generalitat la iniciativa sobre el cómo y el momento en el que dar las explicaciones necesarias. La comparecencia en las Cortes Valencianas es una fórmula y no descartamos que la solicite a petición propia o se pueda hacer servir de otros. El Botánico ha de continuar marcando la diferencia en materia de transparencia y de respeto a la institucionalidad».

Ninguno de los socios, por tanto, ha exigido por el momento que el jefe del Consell acuda al Parlamento valenciano, centro del poder legislativo y de fiscalización del Ejecutivo. Sí lo ha hecho la oposición, aunque ni PP ni Ciudadanos aclaran si recurrirán a la vía judicial.