Mónica Oltra insiste en que ordenó investigar el caso de su exmarido para conocer la gestión de Igualdad

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia considera «un hecho difícilmente controvertible» la existencia de una «investigación paralela» a la judicial , como también la definió el fallo de la Audiencia que condenó al educador de una residencia a cinco años de prisión. Un procedimiento que se solicitó el 8 de agosto de 2017, cuando la Conselleria había recibido la semana anterior -el 28 de julio- un escrito informando sobre la orden de alejamiento del agresor sobre la víctima como medida cautelar.

En la causa -que parte de sendas denuncias del abogado de la joven, el líder de España 2000 José Luis Roberto, y la asociación Gobiérnate impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí- se investiga ya a trece cargos y trabajadores de Igualdad . Por ello, Oltra ha insistido en que esas imputaciones forman parte de «la cacería política» contra ella por parte de la extrema derecha: «Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz» porque «no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias».

Sobre el proceso que avanza en los tribunales, la consellera entiende que se siga para «averiguar lo sucedido, que es muy complejo», sobre todo «cuando hay distorsiones constantes». «Se pueden poner muchas cosas en entredicho, pero está todo dicho», ha señalado.

La dirigente de Compromís ha reiterado que se enteró de todo lo ocurrido por su «circunstancia personal» el 4 de agosto , cuando llegó una notificación judicial a su casa. Cuatro días después, encargó ese expediente administrativo -que se inició bajo la denominación «Información Reservada 1/2017»- a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, para esclarecer «qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Conselleria, por qué no se había cumplido la petición del 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se le había proporcionado la atención psicológica».

No obstante, el objetivo del mismo -tal y como consta en las resoluciones citadas en el último auto judicial- era «determinar la certeza» de la versión de la víctima.

Oltra, que no está investigada , ha defendido que así «es como se funciona en la administración, lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta», haciendo referencia a su comparecencia en las Cortes Valencianas el pasado 21 de abril. Del mismo modo, la responsable de Igualdad ha puesto el foco de nuevo en que, cuando llegaron al poder, tuvieron que poner en marcha protocolos de actuación en este tipo de casos que «no existían» y ahora sí, para que la información fluya.

Además, ha subrayado que los partidos de la oposición -que han vuelto a pedir su dimisión o cese en los últimos días- tienen «han tenido acceso a la documentación y han podido hablar con las funcionarias».