La Generalitat conocía que un juez investigaba los abusos del ex de Mónica Oltra cuando abrió la «instrucción paralela»

Según han confirmado fuentes jurídicas a ABC , Carmen Fenollosa entregó al juez una serie de documentos que buscaban defender el relato de Igualdad y convirtió su comparecencia en un alegato sobre las políticas impulsadas en materia de protección de menores por Oltra, que no está investigada.

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Sin embargo, entre esa pila de papeles se encontraba uno en particular que compromete la versión que la Conselleria ha mantenido sobre este asunto. Se trata de la orden de alejamiento -del ahora condenado a cinco años de prisión sobre la víctima- que un juez dictó como medida cautelar después de que dos agentes de la Policía Nacional trasladaran a la Fiscalía el relato de la joven.

La chica, de 15 años en ese momento, recurrió a ellos en junio, puesto que las responsables del centro concertado Niño Jesús no creyeron la denuncia que venía reiterando desde febrero.

Esa orden llegó a Igualdad el mismo día que salió del juzgado, el 28 de julio de 2017 , pese a que hasta ahora el departamento autonómico se había escudado en que nunca se recibió y se tuvo constancia de lo ocurrido por la circunstancia personal de Mónica Oltra, que recibió la misma notificación en su domicilio el 4 de agosto.

Siguiendo con la versión de la Generalitat, con los protocolos en vigor en ese momento, Luis Ramírez Icardi no podía ser apartado sin una sentencia condenatoria, aunque se le asignaron funciones administrativas fuera de su labor como educador, por lo que la víctima tuvo que ser trasladada a otra residencia el 16 de agosto.

Fuentes presentes en la sala durante la declaración aseguran que el juez se mostró sorprendido con esta revelación y solicitará nuevas diligencias de forma inminente. Ese margen de pocos días es crucial para responder a la incógnita que rodea este caso: por qué se abrió una «'instrucción' paralela» -tal y como la calificó en su sentencia la Audiencia de Valencia- cuando el asunto ya estaba en manos de los tribunales, excediéndose de sus competencias.

De esa investigación se extrajeron unos documentos que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» en la gestión del suceso. Todo ello bajo la «consigna» de que se trataba de «una niña problemática, mentirosa e incluso violenta», según el fallo que condenó a Icardi y que fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia.

Una de las altos cargos investigadas en el procedimiento señaló a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, como la persona que dió orden de que se abriera el expediente confidencial. Por su parte, la funcionaria que instruyó esa «Información Reservada 1/2017» -se entrevistó tanto con la víctima, como con el agresor- reconoció que en las conclusiones de ese informe se calificaba la versión de la menor como no creíble , cuando la psicológa que la había examinado había dictado que el relato de la niña era «poco creíble», a la espera de seguir realizando más valoraciones.

El informe exculpatorio se envió a Fiscalía, según Igualdad, pero sin embargo, la fiscal aseguró durante el juicio que no tuvieron conocimiento del mismo hasta finales de 2019, cuando la vista oral ya se había celebrado, por lo que tuvo que repetirse parcialmente en marzo de 2020 a petición de la defensa del acusado.

Cuestionada este viernes sobre las dos semanas que la Conselleria tardó en actuar en el centro de menores donde se cometieron los abusos y el margen de tiempo que se da en otros casos, Mónica Oltra ha señalado que «ese tipo de órdenes son inmediatas dentro de la posibilidad» . Tampoco ha sido mucho más explícita preguntada por varios peridistas sobre las compareciencias judiciales de sus subordinados en los últimos días.

«El 21 de abril hice una extensa comparecencia en las Cortes Valencianas de más de dos horas, donde di todas las explicaciones, todo lo que yo sabía. Todas las afirmaciones que hice en esa comparecencia tienen una constancia documental detrás. No las voy a repetir porque están en el Diario de Sesiones», se ha limitado a repetir en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano. Oltra, además, ha emplazado a uno de los periodistas a «no hacer especulaciones» sobre el caso.

La causa tiene su origen en sendas demandas que interpusieron tanto el abogado de la víctima, el líder de España 2000, José Luis Roberto, como la asociación Gobierna-Te, impulsada por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, tras las dudas que arrojó el fallo judicial sobre la actuación de la Generalitat. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.