La Justicia estrecha el cerco en torno a Mónica Oltra

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha imputado a otros cinco cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que participaron en lo que considera probado que fue una «investigación paralela» a la judicial que condenó al educador de un centro de menores Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión.

Estas nuevas imputaciones surgen a raíz de las comparecencias de los ocho investigados hasta la fecha, a lo largo de la última semana. Entre ellas destaca una en concreto, la de la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero , por dos motivos: es una alto cargo de la máxima confianza de la consellera y fue señalada por dos subordinadas en sus declaraciones en sede judicial como la persona que dio la orden de abrir un expediente confidencial sobre lo ocurrido.

A raíz de los documentos aportados por una de las investigadas, la entonces directora territorial en Castellón Carmen Fenollosa, se reveló una de las incógnitas que rodeaba el caso: el auto de medidas cautelares en el que se dictaba una orden de alejamiento del agresor sobre la menor , llegó a la Conselleria el 28 de julio de 2017, mismo día que salió del juzgado. Hasta ahora el departamento autonómico se había escudado en que nunca se recibió y se tuvo constancia de lo ocurrido por la circunstancia personal de Oltra, que recibió la misma notificación en su domicilio el 4 de agosto. Cuatro días después, el 8, se ordenó iniciar el polémico informe, cuyo objetivo era «determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima .

En un auto al que ha tenido acceso ABC , el magistrado Vicente Ros califica como «un hecho difícilmente controvertible» que cuando Molero pidió a la entonces directora territorial en Valencia, Isabel Serra, que abriera «un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado» a la dirección territorial. «Se quiera admitir o no» , continúa el escrito, «se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones».

La Conselleria asegura que envió el informe exculpatorio a Fiscalía pero, sin embargo, la fiscal aseveró durante el juicio que no tuvieron conocimiento del mismo hasta finales de 2019, cuando la vista oral ya se había celebrado, por lo que tuvo que repetirse parcialmente en marzo de 2020, a petición de la defensa del acusado, con idéntico resultado.

¿Qué ocurre, entonces, con Mónica Oltra? La vicepresidenta autonómica no está investigada en esta causa, que tiene su origen en una denuncia interpuesta en mayo de 2021 por el abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, contra cuatro miembros de Igualdad por la supuesta falta de protección de la menor a la que aludió la sentencia contra Icardi de la Audiencia de Valencia.

A ella se sumó una querella presentada un mes después por la asociación Gobiérnate, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí contra Oltra y ocho personas más. Ambas quedaron acumuladas en el mismo juzgado. Además, la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Eso ha llevado a Oltra a calificar el caso como «una cacería de la extrema derecha» .

El magistrado entendió que no era pertinente investigar a la dirigente de Compromís, a la espera de que el curso de la instrucción aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación de una aforada -por su condición de diputada autonómica-. En ese caso, se elevaría el asunto al Tribunal Superior de Justicia.

En respuesta a la petición de la acusación, el juez señaló que el hecho de que Oltra haya manifestado conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima.

No obstante, pese a que el TSJ desestimó la querella contra Oltra en junio de 2021, el auto de la Sala manifestó que «todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Consellería, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como "instrucción parajudicial", así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución».

20 de febrero . La menor tutelada de 15 años, residente en el centro concertado Niño Jesús de Valencia, denuncia abusos sexuales por parte de un educador.

22 de junio . La Fiscalía recibe una comunicación de la Policía Nacional trasladando el caso. Dos agentes se personaron por otro asunto en residencia y la víctima aprovechó para exponerles su relato, pues las responsables de la misma no la creían.

6 de julio . La fiscal se dirige en un primer escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad-Sección del Menor, requiriendo toda la documentación relativa a la entrevista mantenida con la menor a raíz de la comunicación de los hechos por parte de la dirección del centro y la exploración a la niña. Pide que se informe del motivo por el que no consta en el expediente de Protección de la Menor comunicación alguna de estos hechos. Exige que se procediera de inmediato a asignar un nuevo recurso a la joven. Este oficio se reitera el 10 de julio.

11 de julio . Sale de la dirección territorial un escrito fechado el día 7 de un jefe de Sección de Menores, que responde de manera parcial a lo ordenado por la fiscal. Remite documentación, pero no contesta al resto de puntos.

14 de julio . El Ministerio Público insiste y recuerda que no se ha cumplimentado todo lo solicitado. No obtendría respuesta hasta un mes después.

28 de julio . El mismo día que sale del juzgado, la dirección territorial recibe el auto de medidas cautelares del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia que dicta al agresor la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor.

4 de agosto . Mónica Oltra, casada con el educador en ese momento, recibe la notificación de la orden de alejamiento en su domicilio.

8 de agosto . La subdirectora general de Infancia y Adolescencia, firma por sustitución de la directora general, un escrito dirigido a la directora territorial en Valencia en el que refiere: «Habiendo tenido conocimiento verbal en el día de hoy de las declaraciones de una niña del Centro de Acogida Niño Jesús, respecto a posibles abusos por parte de un educador de centro y teniendo en cuenta que según se informa desde esa Dirección Territorial ya se ha dado parte a Fiscalía, se solicita que aperturen Expediente Informativo a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos y que se informe a esta Dirección General de las actuaciones realizadas».

14 de agosto . La jefa de servicio de Infancia responde al tercer escrito de la Fiscalía, refiriéndose a las diligencias de investigación penal abiertas.

16 de agosto . La víctima es trasladada de centro. La versión de la Generalitat siempre ha sido que, con los protocolos en vigor en ese momento, Icardi no podía ser apartado sin una sentencia condenatoria, aunque se le asignaron funciones administrativas fuera de su labor como educador.

21 de agosto . La directora territorial, Isabel Serra, inicia la tramitación del expediente «para determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima.